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Los intentos del estado de Washington por obligar a una cárcel de inmigrantes operada por una empresa privada a pagarles a sus detenidos el salario mínimo por trabajo que realizan podrán continuar en la corte.
El juez federal de distrito Robert Bryan, en Tacoma, dijo el mes pasado que pretendía desechar el caso, e invitó al secretario de Justicia estatal Bob Ferguson y a los abogados del GEO Group, que gestiona el centro de detención, para comentar sobre una orden que planeaba presentar.
Después de revisar los argumentos, el juez señaló el miércoles que, después de todo, no emitirá la orden propuesta y el caso puede proseguir.
El gobierno del presidente Donald Trump había instado al juez a desechar la demanda, describiéndola como “un intento agresivo y sin justificación legal por parte del estado de Washington por interferir en el ejercicio de las leyes migratorias federales.
