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Cerca de un millón de franceses tomaron cita para vacunarse después de que el presidente Emmanuel Macron anunciara que se exigirá un certificado de inmunización o una prueba negativa para acceder a bares, restaurantes o cines, o viajar en trenes y aviones.
El responsable del principal sitio web para reservar las citas dijo este martes que el tráfico alcanzó en un máximo histórico tras el discurso televisado de Macron el lunes por la noche.
"Registramos 20.000 citas por minuto, un récord absoluto desde el inicio de la campaña, y ha continuado durante la noche y esta mañana", dijo el director de Doctolib, Stanislas Niox-Chateau, a la cadena BFM.
Un total de 926.000 personas tomaron cita el lunes por la noche, de las cuales el 65% son menores de 35 años, añadió.
Macron anunció que, a partir de agosto, cualquier persona que quiera salir a comer o beber, tomar un tren de larga distancia o hacer compras en un centro comercial, tendrá que mostrar una prueba de vacunación o un resultado negativo de la prueba de covid-19.
Este comprobante también será necesario para asistir a un festival, al teatro o al cine desde la próxima semana.
El jefe de Estado también anunció la vacunación obligatoria para el personal de salud, los trabajadores de residencias de ancianos y otras personas que trabajen con personas vulnerables a partir de septiembre.
Quienes incumplan la norma "no podrán trabajar y no serán pagados", dijo el ministro de Salud, Olivier Véran.
Macron explicó que el objetivo del gobierno era reconocer el "civismo" de los vacunados, e "imponer restricciones a los no vacunados, y no a todos".
El número de contagios ha aumentado considerablemente en Francia en las últimas semanas, hasta superar los 4.000 casos en los últimos días debido a la variante Delta, más infecciosa.
Las medidas provocaron fuertes críticas en las redes sociales. La palabra clave "dictadura" era tendencia en Twitter, en medio de acusaciones de que el gobierno ha impuesto la obligatoriedad de las vacunas de forma velada.
Algunos se oponían alegando que con estas medidas se infringe la libertad personal de elegir si se vacunan o no, mientras que los antivacunas formulaban teorías conspirativas sobre los vínculos entre el gobierno y las empresas farmacéuticas.
La líder de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen, criticó al gobierno por hacer obligatoria la vacunación para el personal de salud.
"Los consideramos nuestros héroes del cotidiano, siempre ahí a pesar de sus bajos salarios y sus difíciles condiciones de trabajo. Ahora se les hace sentir culpables y se les amenaza con no pagarles, con una brutalidad indecente", escribió en Twitter.
Jocelyn Bouyssy, director del grupo de cines CGR, dijo que estaba "muy enfadado" por los anuncios, que serán difíciles de aplicar y podrían impedir el acceso a las salas oscuras a muchos franceses. "Nos mandan al matadero", dijo.
Los dueños de restaurantes también tomaron los anuncios con pesimismo. "Muchos de mis clientes no están vacunados, si ahora deben hacerse una prueba y esperar 48 horas para tomarse una cerveza no vendrán", dijo a la AFP el propietario de un establecimiento parisino de comida española que pidió no ser identificado.
No obstante, Véran insistió en que estas medidas "no son un chantaje", pero que son necesarias para evitar un nuevo confinamiento.
"No hay obligación de vacunarse, hay un incentivo máximo", añadió el portavoz del gobierno, Gabriel Attal, que se mostró "satisfecho de ver que el mensaje del presidente ha sido escuchado."
Alrededor de 35,5 millones de personas -poco más de la mitad de la población francesa- han recibido hasta ahora al menos una dosis de la vacuna, pero el ritmo de las inyecciones ha disminuido en las últimas semanas.
Francia es uno de los países más escépticos del mundo sobre las vacunas. A finales de 2020, sólo 40% de los franceses estaba dispuesto a recibir la inyección.
