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Un hombre mató a tiros este martes a dos manifestantes que participaban en el bloqueo de una ruta en una localidad ubicada 80 km al oeste de Ciudad de Panamá, en la tercera semana de protestas contra una compañía minera canadiense.
Estas son las primeras víctimas fatales que dejan las protestas iniciadas el 20 de octubre contra el contrato entre el gobierno y la compañía First Quantum Minerals (FQM), que opera la mina de cobre a cielo abierto más grande de Centroamérica en el Caribe panameño.
"La Policía Nacional aprehende a un adulto mayor presuntamente vinculado a un hecho donde dos personas pierden la vida registrado en el distrito de Chame", dijo la institución en X, antes Twitter.
En las redes sociales circularon videos donde se ve a un hombre que bajó de un auto retenido en el bloqueo y disparó contra un manifestante en un punto de la Carretera Interamericana, que une a Panamá con el resto de Centroamérica.
VIDEO. HOMBRE DISPARA A QUEMARROPA CONTRA MANIFESTANTES QUE PARTICIPAN EN BLOQUEO. (IMÁGENES SENSIBLES, SE RECOMIENDA DISCRECIÓN)
La policía publicó también una foto donde el detenido, con anteojos y camisa gris, identificado como Kenneth Darlington, de 77 años, aparece sentado y esposado de una mano a un tubo, aparentemente dentro de un cuartel o camión policial.
Los manifestantes muertos fueron identificados como Iván Rodríguez, de 62 años, y Abdiel Díaz (edad no precisada).
Díaz murió en el lugar de los hechos y Rodríguez en un hospital.
"Fueron impactados por proyectil de arma de fuego, por el señor [..], con un arma de fuego tipo pistola, al momento que se dio una discusión con los manifestantes que mantenían la vía cerrada", agregó la policía.
¿POR QUÉ PROTESTAN EN PANAMÁ?
Las protestas estallaron el día en que el Congreso aprobó la ley del contrato que firmaron en agosto el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y la minera.
Este contrato sustituía al original firmado en 1997, que la Corte Suprema declaró inconstitucional porque la concesión se dio sin licitación, sin consultar a la población y bajo condiciones altamente desfavorables para el Estado panameño.
El gobierno defendió la firma del nuevo contrato argumentando que supondrá aportes mínimos anuales de la minera al Estado por 375 millones de dólares, diez veces más que el monto del acuerdo inicial.
Las autoridades advierten que el cierre de la mina hará perder 8,000 empleos directos y 40,000 indirectos, y asestará un duro golpe a la economía, en momentos en que el Canal de Panamá debió reducir el tránsito de buques por la sequía.
La minera, que ha invertido más de 10,000 millones de dólares en Panamá, asegura que aporta el 5% del PIB a la economía del país. Desde febrero de 2019, produce unas 300.000 toneladas de concentrado de cobre al año, que representan el 75% de las exportaciones.
