El Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes una moratoria a los desahucios de los inquilinos que cumplan ciertas condiciones hasta el fin de este año, para evitar un potencial aumento en las personas sin hogar que podría empeorar la crisis del COVID-19.
La decisión, anunciada por la Casa Blanca y contenida en una nueva norma de los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), impondría cargos criminales a aquellos propietarios de vivienda que expulsen a sus inquilinos si éstos demuestran que no pueden pagar el alquiler.
Para acogerse a la moratoria, esos inquilinos deben probar que no ingresan más de 99.000 dólares al año, "que han agotado sus mejores esfuerzos para pagar el alquiler", que "buscan ayuda del Gobierno" para financiarlo y que "es probable que se queden sin hogar" si les desalojan, puntualizó la Casa Blanca en una nota.
Los desahucios cuyo motivo principal no sea el impago del alquiler podrán seguir produciéndose, pero el Departamento del Tesoro calcula que la medida beneficiará a unos 40 millones de personas que alquilan su vivienda.
Sin embargo, la acción no va todo lo lejos que habían pedido algunos expertos, porque no va acompañada de ayudas financieras para que los inquilinos más golpeados por la crisis económica derivada de la pandemia paguen los meses de alquiler que deben, ni para los propietarios que pueden tener también problemas financieros.
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"Esta medida retrasa los desahucios, pero no los previene. El Congreso y la Casa Blanca deben volver a negociar y aprobar una ley con al menos 100.000 millones de dólares en ayuda al alquiler de emergencia", dijo la presidenta de la coalición nacional por la vivienda para gente con bajos ingresos, Diane Yentel, al diario The Washington Post.
La moratoria hasta fin de año busca prolongar otra que el Congreso aprobó en marzo y que expiró al terminar julio; como también ha ocurrido con las medidas impuestas por muchos estados en ese sentido: solo 18 territorios mantienen todavía alguna protección contra el desahucio debido a la crisis del coronavirus.
Las negociaciones entre la Casa Blanca y el Congreso sobre un paquete de estímulo fiscal ante la aguda crisis económica provocada por la pandemia se estancaron a mediados del mes pasado, y los legisladores se fueron de vacaciones sin resolver el tema.