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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el martes una orden ejecutiva para reformar el sistema electoral estadounidense, incluyendo exigir prueba documental de ciudadanía para registrarse para votar en elecciones federales y que todas las boletas sean recibidas a más tardar el día de las elecciones.
La orden afirma que Estados Unidos ha fallado "en hacer cumplir protecciones electorales básicas y necesarias" y llama a los estados a trabajar con agencias federales para compartir listas de votantes y combatir delitos electorales. Amenaza con retirar fondos federales de los estados donde los funcionarios electorales no cumplan.
La medida, que seguramente será objeto de impugnaciones debido a que los estados tienen amplia autoridad para establecer sus propias reglas, es congruente con la larga historia de Trump de criticar los procesos electorales. A menudo afirma que las elecciones están siendo manipuladas, incluso antes de que se conozcan los resultados, y ha librado batallas contra ciertos métodos de votación desde que perdió las elecciones de 2020 ante el demócrata Joe Biden y lo atribuyó falsamente a un fraude generalizado.
Trump se ha centrado particularmente en la votación por correo, argumentando sin evidencia que no es segura e invita al fraude, aun cuando ha cambiado de opinión sobre el tema dada la popularidad del voto por correo entre los electores, incluidos los republicanos. Aunque el fraude ocurre, es raro, limitado en alcance y se procesa judicialmente.
El requisito de prueba documental de ciudadanía que se incluye en la orden es indicio de que el presidente no esperará a que los republicanos del Congreso aprueben su proyecto de Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense, o Ley SAVE, que pretende hacer lo mismo.
Los republicanos han defendido esa medida, señalando que es necesaria para restaurar la confianza del público en las elecciones. El voto por parte no ciudadanos ya es ilegal y puede resultar en cargos por delitos graves y la deportación.
Los grupos que defienden los derechos electorales han expresado su preocupación de que el requisito podría despojar a algunas personas de su derecho a votar. Se estima que el 9% de los ciudadanos estadounidenses en edad de votar, o 21,3 millones de personas, no cuentan con una prueba de ciudadanía a la mano, según un informe de 2023 del Brennan Center for Justice y otros grupos.
También hay preocupaciones de que las mujeres casadas que han cambiado sus apellidos tendrán problemas al intentar registrarse porque sus actas de nacimiento listan sus apellidos de soltera. Tales inconvenientes ocurrieron en recientes elecciones municipales en Nueva Hampshire, que tiene una nueva ley estatal que exige una prueba de ciudadanía para registrarse para votar.
La orden de Trump ordena a agencias federales, incluido el Departamento de Seguridad Nacional, la Administración del Seguro Social y el Departamento de Estado, compartir con los funcionarios electorales datos federales que podrían ayudarles a identificar a no ciudadanos en sus listas.
También dice que el secretario de Justicia debería “priorizar la aplicación de las leyes federales de integridad electoral” en los estados que no compartan información sobre posibles delitos electorales con el gobierno federal.
La orden también estipula que los votos deben ser “emitidos y recibidos” a más tardar el día de las elecciones y establece que la financiación federal debe ser condicional al cumplimiento estatal. Actualmente, 18 estados y Puerto Rico aceptan boletas enviadas por correo recibidas después del día de las elecciones siempre que tengan el matasellos en o antes de esa fecha, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales.
La orden ejecutiva de Trump seguramente enfrentará impugnaciones, dado que la Constitución otorga la autoridad sobre las elecciones a los estados. Si bien el Congreso tiene el poder de regular la votación —y lo ha hecho para aprobar leyes como la Ley de Derechos Electorales—, la Constitución deja claro que los estados tienen la autoridad principal para establecer los “tiempos, lugares y modos” de las elecciones.
La secretaria de gobierno de Colorado, Jena Griswold, señaló que la orden era “ilegal” y una utilización del gobierno federal como arma, y dijo que Trump está “tratando de dificultar que los votantes se defiendan en las urnas”.
El representante demócrata Joe Morelle de Nueva York, el miembro de mayor rango de la comisión de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, dijo que la orden ejecutiva “no sólo es equivocada, es inmoral e ilegal”.
Al menos un abogado demócrata amenazó con acciones legales el martes. Marc Elias, quien ha sido objeto de la ira de Trump, dijo en una publicación en redes sociales: “Esto no se sostendrá. Demandaremos”.
El poder ejecutivo tiene cierta autoridad sobre las elecciones, comentó Justin Levitt, experto en derecho constitucional y exasesor sénior de políticas de la Casa Blanca durante el gobierno del expresidente Joe Biden. Dijo que algunas agencias federales brindan apoyo electoral, incluida la Comisión de Asistencia Electoral, que distribuye fondos federales a los estados y dirige un programa de certificación voluntaria para sistemas de votación. La Agencia de Ciberseguridad y de Seguridad en la Infraestructura ayuda a los funcionarios electorales a proteger sus sistemas.
El expresidente Biden emitió una orden ejecutiva en 2021 en la que ordenó a las agencias federales a tomar medidas para aumentar el registro de votantes, lo que generó quejas por parte de los republicanos debido a que lo consideraron una intromisión federal. Trump ha revocado esa orden.
La orden de Trump pide a la Comisión de Asistencia Electoral reformar sus directrices para los sistemas de votación, incluyendo priorizar aquellos que den a los votantes un registro en papel de la boleta que emitieron. Dijo que la comisión debería condicionar la financiación que distribuye a los estados a esas nuevas directrices, lo que podría afectar a estados como Georgia, que utilizan un sistema de conteo de votos basado en códigos de barras.
No obstante, Brad Raffensperger, el secretario de gobierno de Georgia, reaccionó de manera positiva a la orden de Trump y dijo que era "un gran primer paso para la reforma de la integridad electoral a nivel nacional”.
“Gracias, presidente Trump, por esta orden ejecutiva que asegura que sólo los ciudadanos estadounidenses decidan las elecciones estadounidenses”, dijo Raffensperger.
El representante Bryan Steil de Wisconsin, presidente de la comisión de la Cámara de Representantes que supervisa las elecciones, señaló que la orden es una “acción bienvenida para proteger nuestras elecciones y prevenir la influencia extranjera”.
Mike Lindell, un aliado de Trump que difunde teorías de conspiración electoral y que quiere prohibir los sistemas de votación para privilegiar el conteo manual de boletas, recaudó fondos con la noticia el martes, diciendo en un correo electrónico que arreglará nuestras “elecciones enfermas”.
Por su parte, el Comité Nacional Republicano lanzó un programa para investigar el mantenimiento de las listas de registro de votantes a nivel nacional. El comité envió solicitudes de registros públicos esta semana en las que pidió documentos relacionados con el mantenimiento de los padrones electorales en 48 estados y Washington, D.C., afirmando que el público debería saber qué hacen los estados para eliminar a personas no elegibles de las listas de votantes, incluidos los fallecidos y los no ciudadanos.
Trump hizo referencia al fraude electoral al firmar la orden el martes. “Esto le pondrá fin, con suerte”, manifestó. Agregó que se tomarían más acciones electorales en las próximas semanas.
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