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El Tribunal Federal de Canadá dictaminó este miércoles que el acuerdo que regula la llegada de refugiados desde Estados Unidos es anticonstitucional y dio al Gobierno canadiense seis meses para modificarlo al entender que no es un país seguro para los solicitantes de asilo.
El acuerdo, llamado País Seguro e implementado en 2004, impide que una persona que llega a Canadá desde Estados Unidos pueda pedir refugio a las autoridades canadienses al establecer que el país de procedencia es un "país seguro" en el que el individuo puede pedir asilo.
El acuerdo es recíproco pero en la realidad, hay pocas personas procedentes de Canadá que intentan solicitar refugio en Estados Unidos. Como Canadá sólo tiene frontera terrestre con Estados Unidos, el Acuerdo de País Seguro garantiza prácticamente que ninguna persona procedente del país vecino obtenga asilo.
El acuerdo ha sido criticado por organizaciones como Amnistía Internacional (AI), el Consejo Canadiense de Refugiados (CCR) y el Consejo Canadiense de Iglesias, que solicitaron a los tribunales canadienses que anulara el acuerdo porque las personas a las que Canadá rechaza como refugiados y envia de vuelta a Estados Unidos pueden ser deportados a sus países de origen.
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La jueza del Tribunal Federal, Ann Marie McDonald, se mostró de acuerdo con los demandantes y señaló que "han proporcionado suficiente evidencia de los riesgos y problemas" que sufren los solicitantes de refugio que son devueltos a Estados Unidos a consecuencia del tratado.
McDonald también señaló que aquellos que son devueltos a Estados Unidos son encarcelados como "castigo" por solicitar refugio en Canadá, por lo que decidió que viola las leyes canadienses sobre derechos y libertades.
Los abogados del Estado canadiense habían argumentado que las detenciones efectuadas por Estados Unidos son justas y que la abolición del acuerdo supondrá un aumento de las peticiones de refugio de personas que se encuentran en el país vecino.
Las organizaciones que solicitaron la abolición del acuerdo aplaudieron en un comunicado la decisión del Tribunal Federal.
La presidenta de CCR, Dorota Blumczynska, dijo que "la experiencia muestra, y convenció al tribunal, que Estados Unidos no puede ser considerado un país seguro para los refugiados".
Por su parte, Alex Neve, el secretario general de AI en Canadá, afirmó que "el Acuerdo de País Seguro ha sido una fuente de serias violaciones a los derechos humanos desde hace años, lo que ha sido confirmado de forma inequívoca por esta sentencia" y pidió la anulación del decreto que fuerza a "devoluciones en caliente" desde marzo.
"No se puede permitir que siga en pie un solo día más. Y es incluso más preocupante ahora dada la prevalencia de COVID-19 en los centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos. Canadá debería revocar el decreto que prácticamente cierra la frontera a los solicitantes de refugio como parte de la respuesta de Canadá a COVID-19", añadió Neve.
El representante de AI se refería a la decisión tomada por el Gobierno canadiense el pasado 20 de marzo por la que está devolviendo a Estados Unidos, sin proceso o recurso, a todos los solicitantes de asilo que lleguen al país de forma irregular, para hacer frente a la pandemia de coronavirus.
El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, reconoció que el acuerdo con Estados Unidos no tiene precedentes aunque dijo que la medida es "temporal" pero sin señalar cuándo será abolida.
