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Las víctimas del tiroteo en una escuela de Uvalde en la que murieron 21 personas interpusieron una demanda contra la policía local y estatal, la ciudad y otros funcionarios escolares y policiales, y en ella exigen 27,000 millones de dólares por el retraso de las autoridades en enfrentar al agresor, según documentos judiciales.
La demanda, que fue presentada en un tribunal federal de Austin el martes, alega que los funcionarios no siguieron el protocolo para enfrentar atacantes armados al aguardar más de una hora para confrontar al agresor dentro de un aula.
La querella pretende que se le dé estatus de demanda colectiva y se paguen daños a los sobrevivientes de la balacera del 24 de mayo que han sufrido “daños emocionales o psicológicos a consecuencia de la conducta y las omisiones de los demandados en esa fecha”.
Entre los que entablaron la demanda están personal del plantel y representantes de menores que estaban presentes en la Escuela Primaria Robb cuando un hombre armado ingresó a las instalaciones, matando a 19 niños y dos profesoras en el tiroteo más letal en una escuela de Estados Unidos en casi una década.
En lugar de apegarse a su entrenamiento previo para detener a un atacante armado, “la conducta de los trescientos setenta y seis (376) agentes policiales que estuvieron disponibles durante los exhaustivamente tormentosos setenta y siete minutos de indecisión policial, disfuncionalidad y daño, se ubicó excesivamente por debajo de los estándares a los que los obligaba su deber”, alega la demanda.
Funcionarios municipales de Uvalde dijeron que el viernes no habían recibido copia de los papeles y que no comentan sobre litigios pendientes.
El Departamento de Seguridad Pública de Texas y el Distrito Escolar Consolidado de Uvalde no respondieron a solicitudes de comentarios.
Un grupo de sobrevivientes también demandó a Daniel Defense, la compañía que fabricó el arma utilizada por el atacante, y a la tienda en la que la adquirió. Esa demanda por separado exige el pago de 6.000 millones de dólares por daños.
Daniel Defense, con sede en Black Creek, Georgia, no respondió a una solicitud de comentarios. En una audiencia legislativa realizada a mediados de año, su director general Marty Daniels consideró que la matanza en Uvalde y otras similares son “profundamente preocupantes”, pero separó a las armas en sí de la violencia, diciendo que los tiroteos masivos en Estados Unidos son problemas locales que deben ser solucionados a nivel local.
Esta semana, la madre de un niño asesinado en el tiroteo interpuso otra demanda federal contra muchas de las mismas personas y entidades.
Dos agentes han sido despedidos debido a sus acciones en el sitio y otros han renunciado o han sido puestos bajo licencia. En octubre, cuando fue confrontado por primera vez por las familias de las víctimas de Uvalde acerca de las versiones falsas y cambiantes de parte de la policía y la falta de transparencia en la información disponible, el coronel Steve McCraw, jefe del Departamento de Seguridad Pública de Texas, reconoció que los agentes cometieron errores. Pero McCraw defendió a su agencia, y afirmó que “no le fallaron” a Uvalde.
