Los Ángeles, 23 sep (EFE).- El condado de San Diego, California, acordó pagar más de 1,3 millones de dólares a la familia del mexicano Marco Antonio Nápoles Rosales, quien murió a manos de alguaciles en 2018, informaron este viernes autoridades diplomáticas mexicanas.
Nápoles falleció tras ser arrestado por agentes del Departamento del Alguacil de San Diego (SDSD) el 16 de agosto de 2018.
Según la versión del SDSD, uno de sus agentes respondió a una llamada hecha por la empleada de una gasolinera en Fallbrook, condado de San Diego, que alertó de un hombre que se negaba a salir de la tienda de la estación.
Nápoles, nacido en Sonora (México) y quien vivía desde hace 12 años en California, había llegado al negocio para hacer una llamada después de que su auto se averió en la autopista.
Según la familia del inmigrante, el mexicano había tenido “un mal día” porque no tenía dinero y debió caminar varios kilómetros hasta la gasolinera, pues no contaba con un celular a la mano.
De acuerdo con el informe del SDSD, a petición de Nápoles el oficial que acudió al lugar hizo dos llamadas telefónicas a familiares del hombre.
Después de varios minutos y repetidas ocasiones en las que el agente le pidió que abandonara el negocio por ser propiedad privada, ambos comenzaron un forcejeo luego de que Nápoles se negase a entregar su mochila para ser revisada.
Tras caer ambos al suelo, el mexicano continuó resistiéndose a ser arrestado. Ocho agentes más llegaron a ayudar al oficial en la detención. Los agentes usaron una pistola paralizante y una camisa de fuerza para someter a Nápoles.
Un vídeo del incidente mostró que el mexicano recibió al menos seis descargas. También se le escucha pedir ayuda a gritos.
Nápoles quedó inconsciente en el lugar y sufrió un paro cardiaco en la ambulancia que lo conducía al hospital.
En 2019, Dolores Rosales, madre del mexicano, entabló una demanda contra el condado, apoyada por el Consulado de México en San Diego.
La demanda advirtió que Nápoles estaba desarmado en el momento del arresto y no tenía antecedentes penales.
El cónsul general de México, Carlos González Gutiérrez, dijo hoy en conferencia de prensa que desde que se tuvo conocimiento de los hechos “dimos seguimiento a la investigación realizada por las autoridades locales”.
El condado accedió a pagar 1.350.000 dólares para terminar con la querella legal.
“Esperamos que este caso sirva para recordar a todos que el uso excesivo de la fuerza no es aceptable bajo ninguna circunstancia”, enfatizó el cónsul.
Por su parte, Vanessa Calva Ruiz, directora de Protección Consular y Planeación Estratégica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, aseguró que el Gobierno mexicano, a través de la red consular en Estados Unidos, continuará brindando asistencia puntual a todos los mexicanos que lo requieran, al margen de sus estatus migratorio.
“Nuestras herramientas de asesoría y representación legal son fundamentales en la atención oportuna de casos y en el acompañamiento que brindamos a nuestra población en Estados Unidos”, añadió. EFE