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La ciudad de Nueva York aprobó este jueves un paquete legislativo que reconoce un salario mínimo y otros derechos a los repartidores a domicilio de comida que trabajan para aplicaciones móviles, y que son las piezas clave de un negocio que se disparó con la pandemia de la covid-19.
La ley, aprobada hoy por el Concejo de Nueva York, impone a las empresas de reparto en la ciudad, como Grubhub, DoorDash o Uber Eats, que garantice unas condiciones mínimas a los trabajadores a domicilio, muchos de los cuales son inmigrantes de origen latinoamericano.
La nueva norma no permite que estas empresas cobren a los "deliveristas", como se les conoce en la comunidad latina, una tasa para cobrar sus salarios, o que les obliguen a correr con los gastos de los recipientes isotérmicos.
Además, garantiza que los repartidores tengan acceso a los baños de los restaurantes donde recogen la comida que van a entregar y obliga a las compañías para las que trabajan que informen sobre su política de propinas.
La nueva ley también permite a estos trabajadores que establezcan ciertas restricciones de distancia o evitar zonas de reparto en sus itinerarios, sin que por ello puedan sufrir represalias.
"Salir de casa a las 8.30 y regresar a las 11 de la noche", la jornada de un repartidor
"Esta ley supone mucho, tenemos ahorita muchísimos sentimientos amarrados aquí en el estómago, pero lo principal es que va a haber muchos cambios, nos vamos a sentir mejor, desde ya vamos a empezar a notarlo", dijo a Efe Manny Ramírez, que trabaja desde hace cuatro años como repartidor.
Ramírez, que vive con su madre, su mujer -también repartidora- y sus cinco hijos, explica desde el ayuntamiento donde celebra esta victoria, que en estos momentos trabaja los siete días a la semana.
"Salgo de mi casa a las 8.30 de la mañana y regreso a mi casa a alrededor de las 11 de la noche", dice después de explicar que en enero tuvo un accidente mientras repartía un encargo que le dejó postrado cuatro meses y que su mujer dejó de repartir cuando en marzo dio a luz.
Ramírez subraya que hasta ahora no podían ni entrar en los baños, que cada compañía imponía su mínimo por entrega que cambiaba sin previo aviso y que no había un límite en las distancias recorridas.
"Es una batalla entre David y Goliat, los pequeñísimos contra el gigantísimo, porque tiene millones, abogados, negocios, conexiones y nosotros somos chiquitos aquí abajo, pero estamos levantando la voz. Supone una gran victoria aunque hayan sido pasitos de bebé", asegura, antes de recordar que cuando iba en la ambulancia tras sufrir su accidente laboral y llamó a la empresa para la que trabajaba, la única preocupación al otro lado del teléfono era si había entregado la orden, "si el pedido estaba bien".
Por otra parte, la directora de política pública de la organización "Los Deliveristas", Hidalyn Colón, insistió a Efe en que garantizar un salario mínimo, poder usar los baños o la cuestión de las distancias "es un paso grande en una industria totalmente sin regulaciones".
Sin embargo, para Colón, la ley, que ha sido aprobada por unanimidad, "es el primer paso de muchos", porque todavía quedan pendientes otras cuestiones clave como los seguros de compensación por accidentes.
"Los repartidores inmigrantes han demostrado el poder de organizarse y de pedir al Consejo municipal que actúe para que las empresas que desarrollan aplicaciones rindan cuentas", aseguró en su cuenta de Twitter el legislador local Carlos Menchaca, uno de los concejales que apoyó la iniciativa.
Por su parte, la también concejal neoyorquina Carlina Rivera mostró en las redes sociales su satisfacción por el reconocimiento de estos derechos y expresó su deseo de que "esto sea solo es comienzo".
