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La reforma al Poder Judicial, impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que busca elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, avanzó este miércoles luego de que la Cámara de Diputados aprobara en lo particular la iniciativa y ahora irá al Senado.
“Aprueba el Pleno, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Constitución Política, en materia de reforma del Poder Judicial. Pasa al Senado mexicano”, expuso la Cámara de Diputados en sus redes sociales.
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El dictamen con proyecto de decreto, que en la madrugada ya había sido aprobado en lo general por la mayoría gobernante, avanzó con 357 votos a favor del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados, los Partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista (PVEM), y 130 en contra de la oposición.
Ahora, la iniciativa fue enviada al Senado mexicano, donde a Morena y sus aliados les falta un voto para tener la mayoría calificada.
Durante su conferencia de prensa matutina, López Obrador afirmó que la aprobación de su reforma es “muy buena noticia” y aclaró que se necesitaban solo 334 votos para que pasara su iniciativa, pero esta cantidad se vio superada por lo que calificó que estuvo “muy bien” la votación.
La reforma al Poder Judicial ha desatado diversas protestas en México, entre ellas un paro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como marchas estudiantiles en contra de la iniciativa, lo que orilló a los legisladores a llevar a cabo la sesión en una sede alterna, ya que los accesos al Palacio legislativo fueron bloqueados por los inconformes.
¿DE QUÉ TRATA LA REFORMA JUDICIAL DE AMLO?
El dictamen, propuesto en un paquete de 20 reformas en febrero pasado por López Obrador, avaló elegir por voto popular a jueces y magistrados y ministros de la Suprema Corte, y también reducir de 11 a 9 los ministros de la SCJN y que su encargo pase de los 15 a los 12 años, además de dos elecciones para renovar los cargos del Poder Judicial, la primera de ellas extraordinaria, en junio de 2025 y una segunda en 2027.
También contempla la eliminación de la pensión vitalicia para actuales y futuros ministros de la Corte, y un ajuste a sus remuneraciones al tope máximo establecido para el presidente de México.
Además de sustituir el Consejo de la Judicatura Federal por dos instituciones, incluyendo un Tribunal de Disciplina Judicial, y la eliminación de las dos salas con las que cuenta actualmente la Suprema Corte.
La reforma judicial en México ha levantado advertencias por organismos multilaterales, como las Naciones Unidas; organizaciones empresariales, como la International Chambero of Commerce; calificadoras, como Fitch; y entidades como Citibanamex, Stanley Morgan y UBS, entre otros como las embajadas de Estados Unidos y Canadá, por representar riesgos a la inversión privada, tratados comerciales y posibles sanciones económicas.
