Estados conservadores de Estados Unidos ofrecen a los condenados a muerte formas de ejecución alternativas como la cámara de gas o el fusilamiento debido a los problemas que genera la inyección letal.
Buscan procedimientos del pasado para ejecutar a condenados a muerte debido a las dificultades que generan las inyecciones letales.
El martes, la Corte Suprema de Arizona fijó para el 8 de junio la ejecución de Frank Atwood, condenado en 1987 por el asesinato de una niña de ocho años, y le dio 15 días para elegir entre la inyección letal o la inhalación de gas.
Según su abogado, las autoridades penitenciarias están considerando la utilización de cianuro de hidrógeno, el principal componente del Zyklon-B, gas asociado al Holocausto. La madre de Frank Atwood era judía y huyó de Austria en 1939 para escapar de los nazis, dijo Joseph Perkovich.
En Estados Unidos, sólo siete estados permiten el uso de gas letal, pero en la práctica ninguno lo ha utilizado desde 1999. La mayoría de las ejecuciones se llevan a cabo mediante la inyección de productos químicos.
Sin embargo, las dudas sobre la legalidad de este protocolo -- debido a las sospechas de que causa un sufrimiento ilegal a los condenados -- y el rechazo de las empresas farmacéuticas a suministrar esos productos han provocado un fuerte descenso de la pena de muerte en el país.
En Arizona no hubo ninguna ejecución desde 2014 cuando un condenado tuvo una agonía de dos horas tras recibir la sustancias letales. Pero las autoridades del estado decidieron retomar la práctica este año.
Antes de Atwood, la previsión es que se ejecute el 11 de mayo a Clarence Dixon, condenado por el asesinato de un estudiante. También a él le dieron dos semanas para decidir entre la cámara de gas y la inyección letal. Su silencio significó la aceptación de la segunda opción.
En febrero, la comunidad judía local se manifestó en contra del uso de cianuro de hidrógeno.
"Es terrible que Arizona haya elegido el Zyklon-B para este propósito, el producto químico utilizado por los nazis en Auschwitz para matar a más de un millón de personas", dijo Tim Eckstein, que preside el Consejo de Relaciones de la Comunidad Judía del Gran Phoenix (JCRC).
En abril, Carolina del Sur también causó revuelo al ofrecer a un prisionero la elección entre el pelotón de fusilamiento y la silla eléctrica. Su ejecución fue suspendida por la Corte Suprema del estado.