Las recientes muertes de una niña panameña de 8 años y un chico hondureño de 17 años que estaban bajo supervisión del gobierno estadounidense han reavivado las preguntas sobre la preparación de las autoridades estadounidenses para gestionar emergencias médicas que sufren los migrantes llegados a Estados Unidos, especialmente en un momento en el que las agencias lidian con una enorme sobrecarga en los centros de la frontera sur.
Anadith Tanay Reyes Álvarez quedó inconsciente en la que era al menos su tercera visita a personal médico el miércoles en el centro de la Patrulla Fronteriza en Harlingen, Texas, y murió más tarde en un hospital, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés). La niña había sufrido vómitos y dolor de estómago ese día.
Murió en el noveno día que pasaba su familia retenida. Las normas de la agencia permiten un máximo de 72 horas.
La familia dijo a los agentes que la niña tenía un historial de problemas cardiacos y anemia de células falciformes, según reconoció la CBP en su segundo comunicado sobre el fallecimiento. Se le había diagnosticado gripe en el sexto día de la familia bajo custodia, lo que hizo que los trasladaran a otro recinto.
La CBP presentó un reporte detallado el domingo que confirmaba elementos clave mencionados por la madre de la niña en una entrevista con The Associated Press dos días antes. En un principio la agencia sólo había emitido un breve comunicado.
Mabel Álvarez Benedicks dijo a AP que los agentes ignoraron varias peticiones de que hospitalizaran a su hija, que tenía salud delicada, porque sentía dolor en los huesos, le costaba respirar y no podía caminar. Para cuando llevaron a su hija en ambulancia, estaba inconsciente y sangraba por la boca.
Los agentes dijeron que el diagnóstico de gripe de su hija no requería atención hospitalaria, indicó la madre.
La niña falleció una semana después de que Ángel Eduardo Madariaga Espinoza, un joven hondureño de 17 años, muriera bajo custodia del Departamento de Servicios Humanos y de Salud. Viajaba solo.
Un aluvión de llegadas a la frontera antes de que expiraran las restricciones al asilo asociadas a la pandemia, unas medidas conocidas como Título 42, puso una presión extraordinaria sobre el sistema. La Patrulla Fronteriza detuvo a una media de 10,100 personas al día la segunda semana de mayo, en comparación con la media diaria de 5,200 personas en marzo.
La Patrulla Fronteriza tenía 28,717 personas bajo custodia el 10 de mayo, un día antes de que expirasen las restricciones de la pandemia sobre el asilo. Era el doble que dos semanas antes, según un documento judicial. Para el domingo, la cifra había caído un 23%, a 22,259, aún por encima de lo normal.
La capacidad de los recintos es de unas 17,000 personas, según un documento del gobierno del año pasado, y las autoridades han ido añadiendo grandes carpas provisionales como una en San Diego inaugurada en enero con espacio para unas 500 personas.
Los que cumplan los requisitos para ser liberados y solicitar asilo son procesados para llevar su caso a cortes migratorias, lo que toma entre 90 minutos y dos horas para un adulto y más tiempo para familias. Ese trámite crea importantes cuellos de botella en el proceso.
En cambio, liberar a alguien con instrucciones de que se presente en una oficina de inmigración en un plazo de 60 días, una práctica habitual en 2021 y 2022, toma apenas 20 minutos. Un juez federal en Florida que ordenó acabar con esas liberaciones rápidas en marzo también bloqueó un intento del gobierno de reanudarlas la semana pasada, en lo que las autoridades describieron como una medida de emergencia necesaria dado el hacinamiento en sus recintos.
En medio de la oleada de gente de este mes, cientos de migrantes durmieron en el suelo, muchos durante días, en territorio estadounidense entre dos muros fronterizos en San Diego, mientras cientos más acampaban en una remota zona de montaña al este de la ciudad en chozas hechas con ramas. La agencia proporcionaba una dieta escasa de agua y patatas fritas o barritas de avena. Pedro Rios, director del programa en la frontera de México y Estados Unidos en la organización American Friends Service Comittee, dijo que la Patrulla Fronteriza le dijo que llamara al 911 cuando los voluntarios encontraron entre los dos muros a un bebé de ocho meses “apático y con vómitos”.
Los centros de detención de la Patrulla Fronteriza son centros de corta estancia, donde la gente duerme en colchonetas en el suelo con mantas térmicas. Gruesas cortinas de plástico han sustituido a las alambradas para impedir la libre circulación de la gente.
Los adultos que viajan solos son trasladados al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) para ser deportados, liberados en Estados Unidos con avisos de comparecer ante una corte migratoria o retenidos más tiempo.
El ICE tenía casi 26,000 personas bajo detención prolongada en abril. Sus instalaciones se ven como prisiones y a menudo son prisiones, gestionadas por agencias policiales locales o compañías penitenciarias como CoreCivic y The Geo Group Inc.
En general, una orden judicial de 2015 indica que el gobierno no puede retener a las familias más de 20 días. El presidente Joe Biden rompió la costumbre de sus predecesores Donald Trump y Barack Obama al negarse a detener familias más allá de las 72 horas iniciales con la Patrulla Fronteriza. Su gobierno aceptó hace poco medidas de toque de queda y vigilancia electrónica para familias liberadas en cuatro ciudades hasta que pasen los controles iniciales para solicitar asilo.
Los niños que viajan solos son derivados al Departamento de Salud y Servicios Humanos, que suele enviarlos con padres o parientes tras unos pocos días en centros de detención subcontratados. En 2021, el departamento no estaba preparado para recibir niños en 72 horas, lo que hizo que se quedaran más tiempo bajo custodia de la Patrulla Fronteriza. Finalmente arrendó centros de convenciones en California, bases militares en Texas y otros alojamientos temporales.
La Patrulla Fronteriza devuelve a México a algunos migrantes que no cumplen los requisitos para ser liberados en Estados Unidos, como cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos, así como mexicanos.
Para deportar a ciudadanos no mexicanos, el ICE contrata vuelos y en ocasiones emplea vuelos comerciales. La agencia arrendó 117 vuelos en abril: 33 a Guatemala, 21 a Colombia, 20 a Ecuador y 17 a Honduras, según Witness at the Border, un grupo activista que utiliza datos de vuelos.
La agencia matriz de la Patrulla Fronteriza, la CBP, creó un puesto de director médico en 2020, pero los servicios son limitados. Durante una visita a un importante centro de detención en McAllen este mes, las autoridades dijeron que tenían unos 100 fármacos disponibles y que el 23% de los detenidos tenía necesidades médicas. El centro tiene una ventanilla de atención y una consulta más privada con dos estetoscopios colgados en la pared.
El personal médico busca síntomas de enfermedades infecciosas, algo crucial durante el COVID-19. También garantizan que los detenidos tienen la medicación que necesitan, atienden partos y responden a cualquier consulta que pueda evitar un viaje al hospital.
Sus instalaciones añadieron más de 1.000 “contratistas médicos” en los dos últimos años, indicó Troy Miller, comisario en funciones de la CBP. Prometió “acciones inmediatas para revisar y, donde sea necesario, reforzar las prácticas para asegurar que se proporciona atención médica inmediata y apropiada a todos los individuos, especialmente a los que están en riesgo médico”.
No, y la creciente presencia de familias y niños no acompañados en la frontera durante la última década ha planteado a las autoridades estadounidenses enormes responsabilidades de atención médica.
Al menos seis niños murieron durante un duro periodo entre 2018 y 2019 durante el gobierno de Trump, cuando estaban retenidos por la Patrulla de Fronteras o por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. En marzo, una niña hondureña de 4 años con problemas de salud que estaba bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos murió en un hospital de Michigan tres días después de sufrir un paro cardiaco.
En 2019, durante un pico anterior de cruces fronterizos, el Departamento de Seguridad Nacional documentó que había 750 adultos hacinados en un espacio para 125 personas en El Paso, Texas. La gente se paraba sobre los retretes para respirar. Otro informe de supervisión en 2019 del Rio Grande Valley señaló que había hombres retenidos durante una semana en salas donde sólo cabían de pie y niños menores de 7 años que pasaron más de dos semanas en condiciones de hacinamiento.