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Una coalición de 55 organizaciones dirigidas por migrantes acusó este miércoles al presidente estadounidense, Joe Biden, de haber traicionado sus promesas al mantener "componentes clave" de las políticas de su predecesor, Donald Trump.
En el día en que se cumple un año de una tanda de órdenes ejecutivas firmadas por Biden en materia migratoria, la coalición Alianza Américas, presente en 40 estados de Estados Unidos, lamenta "la falta de progresos" en la protección de los migrantes y a la hora de abordar las causas de la migración.
"Aunque ha habido algunos avances, la administración continúa defendiendo componentes clave de las políticas migratorias inhumanas de Trump", sostiene en un comunicado.
La política del mandatario demócrata "es bienvenida tras la crueldad espantosa y el racismo flagrante de los años de Trump, pero en áreas clave, la Casa Blanca de Biden sigue defendiendo el espíritu de odio de las políticas migratorias" del magnate republicano, estima Hazel Contreras, coordinador de Alianza Américas para Centroamérica.
Los migrantes reprochan a Biden que "apoyara y restableciera políticas de inmigración draconianas" como el polémico "Título 42", una disposición utilizada desde la era Trump que permite expulsar inmediatamente a los migrantes indocumentados, aunque sean solicitantes de asilo, debido a la pandemia de covid-19.
La Casa Blanca también restableció el programa "Quédate en México" (los Protocolos de Protección al Migrante o MPP), que obliga a los solicitantes de asilo a esperar la resolución de sus casos en "ciudades fronterizas mexicanas donde no están seguros", protestan.
El gobierno estadounidense se vio obligado a restablecer "Quédate en México" tras varios reveses judiciales y ha acudido a la Corte Suprema para que los dirima.
Alianza Américas se lamenta especialmente de la falta de avances respecto al Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa renovable que impide la deportación y da acceso a un permiso de trabajo para ciudadanos extranjeros que no pueden regresar de manera segura a su país debido a desastres naturales, conflictos armados u otras condiciones extraordinarias. Se aplica a varios Estados centroamericanos pero, como es temporal, debe renovarse cada cierto tiempo.
"Pedimos una nueva designación de TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua y una primera para Guatemala porque brindaría amparo de protección contra deportaciones por 18 meses más, dado que las condiciones en cada país siguen siendo inestables y de peligrosidad para retornar", declara a la AFP Yanira Arias, directora de la campaña nacional de Alianza Américas.
Que la administración de Biden no lo haya hecho "es una de las mayores decepciones de su agenda migratoria hasta el momento", añade.
Los migrantes están satisfechos sin embargo con algunas medidas adoptadas por Biden, como la propuesta de un plan plurianual de 4,000 millones de dólares para abordar la migración de El Salvador, Guatemala y Honduras y el lanzamiento de una estrategia de cinco pilares: la lucha contra la inseguridad económica, la corrupción, la delincuencia, la violencia de género y la promoción de los derechos humanos.
También aplauden una iniciativa para que el sector privado invierta en Centroamérica y el envío de la vicepresidenta Kamala Harris a México y Guatemala.
Pero en los viajes Harris dijo a los migrantes: "No vengan".
"La devastación de los desastres climáticos en Honduras, Guatemala y Haití seguirá alimentando la migración", afirma Melanie Minuche, organizadora de justicia climática de Alianza Americas.
"Dado lo mucho que el norte global, incluido Estados Unidos, ha alimentado la crisis climática con las emisiones de gases de efecto invernadero, la administración Biden tiene la responsabilidad moral de priorizar la creación de vías legales, para que aquellos que huyen de los desastres climáticos en América Central tengan opciones para buscar una mejor vida", dice.
Desde su llegada a la Casa Blanca, Biden, quien había prometido una política migratoria "más humana", abrió varios frentes, llegando incluso a proponer una vía hacia la ciudadanía para 11 millones de indocumentados, pero cada una de sus iniciativas tropezó con el Senado y la férrea oposición de los republicanos, sobre los que Trump guarda mucha influencia.
