El centro de detención más grande del país para niños migrantes entregó cientos de adolescentes a sus familiares en los últimos días, aliviando el hacinamiento en la instalación del sur de Florida a la que legisladores demócratas califican de sobrepoblada y demasiado estricta.
Caliburn International, la empresa que opera el sitio de detención en Homestead, dijo que liberó a 500 muchachos desde el viernes de acuerdo con regulaciones federales recién flexibilizadas para reunir a los menores con sus familiares que viven en Estados Unidos.
El cambio se efectuó mientras el gobierno amplía un ex campamento para trabajadores petrolíferos en una zona rural de Texas con el fin de albergar hasta a 1.300 niños.
El mes pasado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos agilizó el proceso para enviar a niños migrantes a vivir con familiares radicados en Estados Unidos al eliminar un requisito de huellas dactilares para estos familiares. También dejó de pedir revisiones universales de posible abuso y negligencia infantil a menos que haya preocupaciones especiales.
La drástica caída en el número de migrantes albergados en Homestead llega pocas semanas después de que aspirantes a la candidatura presidencial demócrata, entre ellos los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren, hicieran una parada en el centro de detención al sur de Miami para atacar los antecedentes del gobierno del presidente Donald Trump en cuestiones migratorias mientras visitaban la ciudad para un debate presidencial.
Los críticos han condenado a Homestead y a otras instalaciones establecidas de emergencia para albergar a migrantes, donde generalmente se envían niños después de que cruzan la frontera con México y la Patrulla Fronteriza los detiene.
Pero el gobierno dice que necesita esas instalaciones para alejar a los niños de la custodia de la Patrulla Fronteriza, donde el hacinamiento y las condiciones insalubres también han provocado indignación entre los legisladores.
Los activistas dicen que, a diferencia de otros refugios más pequeños en todo el país, el de Homestead no tiene licencia del estado.
Han cuestionado también al gobierno de Trump con relación al otorgamiento de un contrato alcanzado sin licitación a una empresa vinculada a John Kelly, exjefe de despacho de la Casa Blanca. Archivos de gastos del gobierno indican que éste redujo el valor máximo de la licitación, de 341 a 273 millones en mayo.
Una investigadora de Amnistía Internacional que inspeccionó la instalación mientras ésta reducía su población indicó que los funcionarios le dijeron que la meta era reducir el número de detenidos a 1.200 personas, en parte para tener una cantidad manejable si hay que evacuarla en caso de un huracán.
La investigadora Denise Bell dijo que el proceso agilizado para entregar a los menores a sus familiares fue bien recibido. Señaló que la liberación reciente ha sido "extraordinaria", pero el hecho de que no se hizo antes demuestra que el gobierno de Trump tiene una "política deliberada para castigar niños".
Activistas por los derechos de los inmigrantes y legisladores han exigido que el centro sea cerrado del todo.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos ha dicho que "es prematuro especular" si la instalación podría ser cerrada.