Un juez de California (EE.UU.) emitió este lunes una orden que obliga a las compañías de transporte compartido Uber y Lyft a clasificar a sus conductores como empleados, lo que podría disparar los costes de personal de estas dos firmas y poner en duda su modelo de negocio.
La decisión del magistrado Ethan Schulman de la Corte Superior de San Francisco responde a una demanda presentada por el Gobierno de California y, por tanto, se circunscribe exclusivamente a ese estado, el más poblado de EU y donde ambas compañías tienen su sede y uno de sus mayores mercados.
Clasificar a sus conductores como empleados asalariados en lugar de contratistas (su estatus actual) supondría para Uber y Lyft, entre otras cosas, tener que hacerles un contrato, pagarles un salario fijo y ofrecerles beneficios como el seguro médico, días de vacaciones y de enfermedad.
En su fallo, el juez declaró una moratoria de diez días a partir de este mismo lunes hasta que entre en vigor la orden, para dar así tiempo suficiente a las empresas de apelar la decisión en caso de que lo consideren oportuno.
A finales de junio, la oficina del fiscal general de California, el demócrata Xavier Becerra, y los defensores públicos de las ciudades de Los Ángeles, San Diego y San Francisco solicitaron a la Justicia que ordenara la reclasificación de los conductores de Uber y Lyft "con carácter inmediato".
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"Es hora de que Uber y Lyft estén a la altura de sus responsabilidades y de la gente que les permite tener éxito: sus trabajadores. Clasificarlos como contratistas significa que quieres que sean tus trabajadores o los contribuyentes quienes paguen las obligaciones que a ti te tocan como empleador", apuntó Becerra en esa ocasión.
Desde el pasado 1 de enero es obligatorio por ley en California que las empresas de la llamada economía colaborativa como Uber, Lyft o la firma de entregas DoorDash contraten formalmente a quienes ofrecen servicios a través suyo, en lugar de asignarles la condición de contratistas independientes.
Uber, Lyft y DoorDash anunciaron a finales del año pasado que dedicarían hasta 90 millones de dólares entre las tres para promover que la decisión final sobre esta ley recaiga en los votantes californianos mediante un referéndum en noviembre, coincidiendo con la elección presidencial en Estados Unidos.
Se calcula que alrededor de un millón de personas trabajan como contratistas independientes en el sector de la economía colaborativa en California.