Un juez federal de California (EE.UU.) ordenó este martes que se bloquee la última restricción al asilo impuesta en diciembre por el expresidente Donald Trump, pocas semanas antes de que terminase su mandato, y cuya continuidad está siendo estudiada por la actual Administración demócrata.
El magistrado Jon Tigar, de los juzgados de Oakland, dejó así temporalmente sin efecto las "Modificaciones de Procedimiento y Elegibilidad para el Asilo" emitidas por la Casa Blanca el 17 de diciembre pasado y que entraron en vigor el 19 de enero, sólo un día antes de que Trump dejase de ser presidente.
Estas modificaciones buscaban solidificar una restricción que Trump ya impuso en verano de 2019, la conocida como "tercer país seguro", que restringía la posibilidad de pedir asilo en EE.UU. a los migrantes que hubiesen pasado antes por otros países, donde debían dirigir sus solicitudes antes de proseguir su camino hacia el país norteamericano.
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Como la mayoría de solicitantes de asilo en la actualidad son ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala, en su camino hacia EE.UU. pasan precisamente por Guatemala y por México, con lo que se ponía virtualmente fin a la posibilidad de solicitar asilo en Estados Unidos.
Desde que fue proclamada la primera vez en julio de 2019, esta medida había sido constantemente batallada en los juzgados por parte de organizaciones de defensa de los derechos de los migrantes, y el mismo juez que ahora la ha paralizado, Jon Tigar, ya había hecho lo mismo en varias ocasiones anteriores.
La decisión de Tigar deja sin efecto la orden presidencial hasta que se resuelva el caso, aunque en paralelo el equipo del actual inquilino de la Casa Blanca, Joe Biden, está estudiando su futuro, por lo que podría ser que la restricción se tumbe incluso antes de que haya una resolución judicial firme.
"La corte ha rechazado de manera acertada el último y cruel esfuerzo de la Administración Trump para destruir nuestro sistema de asilo. Esperamos que la Administración Biden lleve a cabo acciones rápidas y efectivas para reparar el gran daño que Trump impuso sobre los inmigrantes vulnerables y el compromiso de este país con los derechos humanos", indicó en un comunicado el director legal del Centro para los Derechos Constitucionales, Baher Azmy.