La fiscalía general de Nueva York y el Departamento de Educación del estado recordaron este lunes, cerca de comenzar el nuevo curso escolar, el derecho de un niño o joven entre los 5 y 21 años a recibir educación gratuita sin importar su estatus migratorio, dominio del idioma o donde viva, y advirtieron que denunciarán o impondrán multas a las escuelas que lo impidan.
La fiscal Letitia James y la comisionada de Educación Betty Rosa dieron a conocer este lunes una guía acompañada de una carta dirigida a las escuelas que les recuerda su responsabilidad a la hora de aceptar nuevos estudiantes.
La carta especifica las medidas que se tomarán si ponen en marcha políticas o requisitos especiales que impidan inscribirse en las escuelas a los niños y adolescentes sin ciudadanía estadounidense, los indocumentados y los niños de familias que alquilan sin contrato de arrendamiento, que se pide como evidencia de donde viven.
También detalla los documentos que pueden ser exigidos y los que no para registrar a los niños: "Las escuelas no pueden exigir un número de Seguro Social u otra información acerca de su estatus migratorio como condición para matricular" figura entre las advertencias.
El nuevo curso escolar está por comenzar a principios de septiembre y contará con miles de nuevos estudiantes tras la llegada la ciudad de más de 100.000 inmigrantes durante los pasados 15 meses, de los que 57.000 siguen acogidos en el sistema público; de ellos, cerca de 20.000 son niños en edad escolar.
“La ley es clara: todo neoyorquino tiene derecho a una educación pública gratuita, y cualquiera que viva en nuestro estado es neoyorquino. Con el primer día de clases a la vuelta de la esquina, debemos asegurarnos de que todos los estudiantes sean bienvenidos, sin demoras ni dificultades", afirmó James en el comunicado conjunto en el que además exhortó a denunciar a su oficina si se impide a un estudiante el derecho a matricularse.
La acción de la fiscalía y el DOE surge luego de que supieran de que habían ocurrido prácticas discriminatorias en distritos escolares, como exigir un carné de votante a los padres, lo que dificultó o impidió el registro de nuevos estudiantes, según la carta.
Otras prácticas ilegales que han sido reportadas a la oficina de la Fiscalía y al Departamento de Educación del Estado incluyen exigir a los candidatos a una inscripción escolar documentos de ciudadanía o de residencia, que equivalen a un bloqueo en la inscripción escolar.