Hace dos años, el presidente Nayib Bukele declaró una "guerra" a las pandillas en El Salvador, tras una escalada de 87 homicidios en un fin de semana.
Ahora el presidente proclama que su país es el "más seguro" del continente gracias a la ofensiva iniciada el 27 de marzo de 2022 al amparo de un régimen de excepción, pero sus críticos afirman que el precio ha sido alto.
El despliegue de militares y policías permitió desbaratar las estructuras de las "maras" o pandillas, que se financiaban con el cobro de "rentas" (extorsiones), sicariato y venta de drogas al menudeo. Quienes se negaban a pagar eran asesinados o les mataban a un familiar.
Una investigación de InSight Crime estimó que en el país había casi 120,000 pandilleros: la Mara Salvatrucha tenía 78,000 y la Barrio 18, con sus dos facciones, unos 41,000.
Más de 78,000 presuntos pandilleros han sido detenidos, según un informe oficial presentado el martes, y las pandillas han sido incapaces de reclutar nuevos miembros. Además, les confiscaron casi 4,000 armas, algunas de uso militar. Reformas legales endurecieron las penas.
El criminólogo Ricardo Sosa estima que a las maras les ha faltado capacidad de "adaptación" para mutar a otra modalidad criminal, mientras Bukele -reelegido en febrero para otro mandato de cinco años- promete continuar la guerra "hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas".
La cruzada de Bukele acabó con el dominio que las pandillas ejercían sobre el 80% del territorio nacional, según el gobierno.
Además, el país redujo su tasa de homicidios -que llegó a ser de 106 por cada 100,000 habitantes en 2015- a 2.4 en 2023, por debajo del promedio mundial (ocho, según la ONU).
Desapareció el temor a caminar de noche, los niños han vuelto a jugar en los parques y cualquier persona puede abordar tranquilamente un autobús o visitar otro barrio sin temor a perder la vida.
"Ahora uno se siente más confiado al viajar en los autobuses, ya no se ven pandilleros pidiendo dinero a los pasajeros", dijo a la AFP el profesor Mauricio López, de 40 años.
Comunidades enteras "retomaron la normalidad de sus vidas", resume el académico Carlos Carcach.
Gran parte del sector productivo, comercial y de transportes dejó de pagar la "renta", según gremios empresariales. Los restaurantes ahora atienden de noche y reparten comida a domicilio.
"Hoy hay tranquilidad, ya no tenemos extorsiones, el peligro ha pasado", explica a la AFP Aminta Alvarenga, dueña de una tienda mayorista en El Tránsito, 125 km al este de la capital.
Mediante una ley de extinción de dominio, el gobierno ha recuperado 8,000 vehículos, casi 21,000 celulares, además de cientos de autobuses, taxis, casas y locales comerciales en poder de las maras.
El clima de seguridad condujo a la reapertura de negocios y ha incentivado el turismo, que en 2023 aportó ingresos por 2,755 millones de dólares, 48% más que al año precedente.
Sin embargo, la economía sigue siendo asignatura pendiente de Bukele, pues 30% de salvadoreños vive en la pobreza y 10% en la pobreza extrema, según la CEPAL. Se estima que 70% de los trabajadores son informales, mientras miles de familias dependen de remesas del exterior, que totalizaron 8.181 millones de dólares en 2023, 26% del PIB del país.
Organizaciones de derechos humanos critican los métodos de Bukele. Amnistía Internacional y el Movimiento de Víctimas del Régimen denuncian "detenciones arbitrarias", presuntos "atropellos", "torturas" y "muertes" en prisión.
Hay "327 casos de desapariciones forzadas" y "235 muertes bajo custodia estatal", afirma Amnistía en un reporte presentado el martes. La población penitenciaria es de 102,000 personas.
Un informe anterior de AI, de 2023, calculó que en El Salvador 1.7% de los mayores de 18 años está detenido, lo que arroja una de las tasas de población penal más altas del mundo.
Parte de los detenidos permanecen en una 'megacárcel' construida por Bukele, considerada la prisión más grande de América Latina, con capacidad para 40,000 reclusos, que tiene un severo régimen interno.
Los presos afrontan juicios colectivos sin derecho a defensa y sus familiares no pueden visitarlos.
"Tengo a mi sobrino Alberto [de 28 años] detenido desde el 7 de agosto de 2022. Él es inocente, no lo hemos podido ver, es una injusticia", se lamenta Cecilia Renderos, ama de casa de 48 años.
Si bien unos 7,000 detenidos han sido liberados, grupos de derechos humanos afirman que todavía hay muchos inocentes tras las rejas.
"Se ha generado la ilusión errónea de que el presidente Bukele ha encontrado la fórmula mágica para resolver problemas muy complejos", asegura Amnistía, que afirma que el presidente obliga "a la población a elegir entre seguridad y libertad".