El gobierno estadounidense está corriendo contra el reloj para reunir antes del plazo final del jueves a cientos de niños migrantes con sus padres, pero reconoció que otros cientos de familias separadas por funcionarios fronterizos no podrán estar juntas en el corto plazo.
Esta semana, abogados gubernamentales dijeron a un juez que 917 padres de cerca de 2.500 que fueron separados de su hijos podrían no calificar para una reunificación inmediata porque ya fueron deportados, desistieron del proceso, tienen antecedentes criminales o se les descarta por no ser idóneos.
Abogados de los inmigrantes dicen que los esfuerzos del gobierno han sido caóticos. El miércoles la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) presentó testimonios de padres presionados a renunciar a la reunificación o a firmar papeles de deportación que no entendieron.
La ACLU pidió al juez Dana Sabraw, en San Diego, una suspensión del procedimiento por siete días en las deportaciones de las familias luego de que volvieran a estar juntas. El argumento es que sus defensas necesitan tiempo para asegurar que los padres entiendan sus derechos y consideren sus opciones.
La petición va incluida en la querella que presentó la ACLU para impugnar la separación de padres de sus hijos bajo la política del gobierno de Donald Trump de tolerancia cero, que apunta a desalentar la inmigración ilegal.
Ante la indignación pública, Washington ordenó en junio que se detuvieran las separaciones. Un fallo del juez Sabraw determinó que para el jueves el gobierno debía reunir a las familias que había separado.
Para el lunes, funcionarios dijeron que habían reunido a 879 padres con sus niños e identificado a 1.634 padres posiblemente elegibles para reunificación. No se entregaron cifras actualizadas. (Editado en español por Janisse Huambachano)