Maine legalizó el suicidio asistido médicamente el miércoles, convirtiéndose en el octavo estado en permitir que pacientes con enfermedades terminales pongan fin a su vida con un fármaco recetado.
La gobernadora demócrata Janet Mills, que anteriormente se había manifestado insegura en torno al proyecto de ley, lo ha autorizado.
Oregon fue el primer estado en legalizar el suicidio asistido en 1997, y pasó más de una década antes que un segundo estado, Washington, lo aprobara. Si bien sigue siendo polémica, la legislación de suicidio asistido gana cada vez más aceptación en Estados Unidos, y este año al menos 18 estados sopesaron aplicar medidas así.
La ley de Maine permitiría a los médicos recetar una dosis fatal de fármacos a pacientes con enfermedades terminales. La legislación señala que la obtención o el suministro de medicinas que pongan fin a la vida no son considerados un suicidio bajo las leyes del estado, y por ende legaliza tales prácticas, que suelen ser llamadas suicidio asistido médicamente.
La propuesta había fracasado en una ocasión en una votación a nivel estatal y al menos siete veces previas en la Legislatura. El actual proyecto de ley fue aprobado apenas por un voto en la Cámara de Representantes, y por un ligero margen en el Senado.
Maine se suma a otros siete estados y a Washington, D.C., que cuentan con leyes similares, de acuerdo con el Centro Nacional por una Muerte con Dignidad y el Fondo Político por una Muerte con Dignidad. Los estados son: California, Colorado, Hawai, Oregon, Vermont, Washington y Nueva Jersey, cuyo gobernador firmó la ley a principios del presente año.
Montana no cuenta con una ley específica al respecto, pero la Corte Suprema estatal falló en 2009 que los médicos podrían usar una petición del paciente para recibir un medicamento que ponga fin a su vida como defensa contra cargos penales.
La población de Maine posee la edad media más alta y, como en otros estados, la propuesta ha puesto en evidencia divisiones que desafiaron las posturas partidistas.
Los partidarios, entre ellos demócratas y un pequeño grupo de republicanos, afirman que los pacientes en estado terminal deberían tener el derecho de morir en paz.