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El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, firmó este lunes tres leyes que buscan fortalecer "la ley y el orden" en este sureño estado de Estados Unidos, entre las que figura una norma que establece la pena de muerte para los violadores de menores de edad.
El paquete de medidas incluye también una ley que fija un mínimo de 25 años y hasta la cadena perpetua, además de una multa de un millón de dólares, para los traficantes que disfrazan el fentanilo como un dulce y otras formas de fabricación de esta potente droga que puedan causar daños a los menores.
"Parte de hacerlo bien es adelantarse a las cosas antes de que sucedan", señaló DeSantis en la ciudad de Titusville durante el acto por la firma de este paquete legislativo, en el que estuvo acompañado de la fiscal estatal Ashley Moody y el alguacil del condado de Brevard, Wayne Ivey.
EFE
La norma HB 1297, fija un mínimo de cadena perpetua para quien cometa delitos sexuales contra menores de 12 años
Un conflicto con un fallo de 2008 de la Corte Suprema de Estados Unidos conocido como Kennedy vs Luisiana, determina que es inconstitucional ejecutar a alguien por un delito que no sea asesinato.
La ley firmada hoy contiene un procedimiento para impugnar los precedentes judiciales que "han protegido injustamente a los violadores de niños de la pena de muerte y negado a las víctimas y a sus seres queridos la oportunidad de buscar justicia definitiva", según un comunicado de la oficina del gobernador.
La tercera norma fortalece la detención preventiva al impedir la libertad antes del juicio de ciertos arrestados, como delincuentes habituales o acusados de algunos delitos violentos, y pide al Supremo estatal que establezca antes de fin de año un conjunto uniforme de recomendaciones de fianzas.
"Es una suerte de anti-Nueva York, en términos de lo que estamos haciendo", dijo DeSantis en el acto, en el sentido de que la ley se contrapone a los esfuerzos de "reforma de la fianza" realizados en otros estados.
EFE
La norma firmada hoy autoriza al juez principal de un circuito judicial a establecer una fianza más alta por un delito penal que lo que determina el programa de fianza estatal.
