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Un informe presentado este martes por la Unión de Libertades Civiles (ACLU) da cuenta de abusos y malos tratos por parte de las autoridades durante el tiempo que los solicitantes de asilo permanecieron en centros de detención de San Diego, California (EE.UU.), lo que sirve de base para "recomendaciones".
El reporte, en coordinación con la Universidad Estatal de San Diego (SDSU), está basado en más de 400 encuestas y entrevistas realizadas a solicitantes de asilo.
El documento, titulado "El derecho a buscar asilo", describe como "injusta y sancionadora" la política emprendida por el Gobierno del presidente Donald Trump para recibir, atender y procesar a estos migrantes.
El reporte recoge historias que retratan abusos en manos de los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y de la Patrulla Fronteriza. El 90 por ciento de los migrantes consultados son de origen centroamericano.
Entre los testimonios destaca el de una mujer hondureña que describió cómo fue separada de su pareja porque la Patrulla Fronteriza consideró que no podía comprobar que se trataba del padre biológico del hijo que ambos esperaban.
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La migrante, con cuatro meses de embarazo en el momento de la detención, fue forzada a decir que había cruzado la frontera sola y así fue liberada a los tres días, según declaró a la encuesta, pero su pareja fue enviada a México en espera de su proceso de asilo.
Así, el reporte da cuenta de que al 50 por ciento de los migrantes se le retuvo en lugares como este albergue por más del periodo máximo estipulado, que es de 72 horas.
Además, tuvieron que soportar temperaturas muy bajas en las celdas, la prohibición de bañarse, la falta de atención médica y la privación de sus derechos a recibir asistencia consular.
La gran mayoría reportó haber sufrido la separación de sus hijos, hermanos, parejas y/o padres.
"Me siento consternada por los descubrimientos de nuestro reporte. Confirman lo que habíamos escuchado de otras fuentes, que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza está violando las normas de los derechos humanos y sus propios estándares de atención a migrantes bajo su custodia", dijo Jill Esbenshade, coautora del informe.
Por su parte, la abogada Monika Langarica, integrante de la ACLU, expresó que "nuestra nación ha sido por mucho tiempo un refugio para personas desplazadas en todo el mundo que han huido de sus hogares en búsqueda de paz y seguridad".
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El documento ofrece recomendaciones tanto al Gobierno federal como al estatal y local, instándoles a que se construya en San Diego un albergue propio para migrantes.
"Al ser una metrópolis en la frontera, San Diego tiene una responsabilidad única de dar la bienvenida a solicitantes de asilo y migrantes, incluidas las familias centroamericanas que están ejerciendo su derecho de buscar seguridad en Estados Unidos", indica el reporte.
Las entrevistas fueron realizadas en el Albergue para Familias Migrantes de San Diego, abierto a finales de 2018 y que desde entonces ha recibido a más de 19.000 solicitantes de asilo.
En la actualidad el albergue es operado por el Servicio Familiar Judío de San Diego.
