El Departamento de Justicia demandará al estado de Nueva Jersey y al condado de King, Washington —donde se ubica la ciudad de Seattle—, por las llamadas políticas santuario que obstaculizan la labor de las autoridades federales de inmigración, informó el secretario de Justicia William Barr el lunes.
Durante una conferencia de la Asociación Nacional de Jefes de Policía en Washington, Barr dijo que los agentes del orden “corren peligro debido a estas políticas ideológicas”.
Las demandas son el intento más reciente del gobierno del presidente Donald Trump por sancionar a las localidades con políticas santuario —municipalidades que ofrecen protecciones a los inmigrantes que no cuentan con permiso para vivir en Estados Unidos— en momentos en que el mandatario se dirige a su campaña de reelección.
“Hoy representa una importante escalada en las gestiones del gobierno federal para confrontar la resistencia de las ciudades santuario”, dijo Barr ante la ovación de los presentes.
Algunas ciudades, como Nueva York, han promulgado leyes que prohíben compartir información con las autoridades migratorias. Funcionarios de inmigración han enviado citaciones a Denver y la ciudad de Nueva York para solicitar información de inmigrantes que están por salir de prisión, o han pedido a cortes federales que emitan citaciones, una medida sumamente inusual que puede provocar que se sancione por desacato a las autoridades locales que no cumplan con la orden.
En Nueva York, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés) suspendió programas de “viajero confiable” que aceleran el reingreso al país debido a una ley que les prohíbe a los funcionarios estatales compartir datos vehiculares con las autoridades migratorias.
La demanda del Departamento de Justicia contra Nueva Jersey asegura que el estado viola las leyes federales al prohibir que policías estatales y locales compartan información sobre los reclusos que están ilegalmente en Estados Unidos. El gobierno también demandó al condado de King debido a una medida que prohíbe al DHS utilizar el Aeropuerto Internacional del Condado de King para deportaciones.
Barr dijo que el Departamento de Justicia “respaldaría firmemente” el uso de “todos los medios legales” por parte del DHS, incluyendo citaciones federales, a fin de obtener información sobre los sospechosos que quieren deportar.