Políticos y diversas organizaciones en Nueva York defendieron este lunes el derecho de inmigrantes afectados por la decisión de la Administración de Donald Trump de negar asilo político a víctimas de violencia doméstica y de pandillas.
"Nuestra identidad como nación de emigrantes y santuario para todos los perseguidos está bajo ataque", aseguró durante una conferencia de prensa el concejal Carlos Menchaca, presidente del Comité de Inmigración de la ciudad de Nueva York, al referirse a la acción del Gobierno.
Menchaca presentó una propuesta en el Concejo para apoyar una acción legal de Nueva York y otros 19 estados y el Distrito de Columbia, en la que han pedido a un tribunal que mantenga el asilo político para víctimas de la violencia doméstica y de pandillas.
La moción de Menchaca está siendo evaluada desde este lunes por el Comité de Inmigración y varias organizaciones de servicios a inmigrantes, entre ellos legales, que acudieron a la alcaldía para apoyarla y pidieron al tribunal que decida a favor de estas víctimas de violencia, muchos de ellos centroamericanos.
En junio de 2018, el entonces secretario de Justicia de EE.UU, Jeff Sessions, ordenó a los jueces de inmigración que se negara el asilo a estos inmigrantes y poco después, en diciembre de ese año, un juez federal bloqueó esa política, que el Gobierno ha apelado ante la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California).
"Sessions abusó de su poder" al tomar esa determinación, afirmó Menchaca, el primer funcionario de origen mexicano elegido en esta ciudad.
"Si alguien tiene una duda de que el presidente es un racista, aquí está la prueba", agregó.
Entre los grupos que apoyan la iniciativa de Menchaca se encuentra Legal Aid Society, que ofrece asistencia legal gratis a personas de bajos recursos.
Según su abogada Amy Pont, muchos de los casos que defienden víctimas de esta política de la Administración Trump son centroamericanos, entre ellos mujeres y niños víctimas de violencia doméstica que esperan ahora la decisión del Noveno Circuito.
A la audiencia pública del Concejo asistió la New York Legal Assistance Group, que destacó en su ponencia que en años recientes la población inmigrante de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (El Salvador, Guatemala y Honduras) se compone cada vez más de mujeres y niños que escapan de la violencia de pandillas, la doméstica y otras formas de violencia contra la mujer.
Igualmente reconoció la incapacidad o la negativa de las autoridades de esos países de hacer que los responsables respondan por sus actos.
Citaron el caso de Nadia, de Honduras, víctima de violencia de género y de pandillas que trabajaba para mantener a sus tres hijas en su país.
La organización legal indicó que el padre de Nadia asesinó a su esposa en 2009 y al salir de prisión en 2012 amenazaba con matarlas a ella y a sus hermanas, razón por la cual dejó su pueblo y se estableció durante algunos años en la ciudad de San Pedro Sula, en el noreste de Honduras, hasta que fue víctima de las pandillas.
Nadia regresó a su pueblo pero su padre fue mucho más agresivo con sus amenazas y sin ningún otro lugar donde protegerse ella y a sus hijas, buscó refugio en EE.UU., pero su asilo vence el próximo 13 de febrero.
A la audiencia asistió un gran número de miembros de la comunidad LGBTQ. Durante la conferencia varias organizaciones hicieron un llamado al tribunal a mantener la decisión de la corte que bloqueó la política de Trump al sostener que de ser deportados les costaría la vida.
"Ellos serían asesinados o reducidos a la nada en sus países. Por ellos es que estamos luchando", dijo Aneris Zapata, de la Queer Detainee Empowerment Project que conecta a los LGBTQ con diversos servicios, incluido vivienda, y recordó que estos contribuyen también a la economía del país.
Entre los grupos se veían letreros con mensajes de "deportación significa muerte para un Queer" o "no hay violencia en el amor".