Cuando supo que Estados Unidos abriría en noviembre su frontera con México, Natalie Montelongo pensó en su Texas natal, y en las familias que podrán reunirse finalmente. Cada vez que Joe Biden pide aprobar una baja pagada a nivel nacional, Rosie Hidalgo se acuerda de su madre, y de los trabajos que perdió por cuidar de sus hijos cuando estaban enfermos.
Las suyas son dos de las voces latinas que marcan el ritmo en la Casa Blanca de Joe Biden, donde hay un número récord de mujeres y de miembros de minorías que dejan su huella cada día en las salas donde se toman las decisiones.
Con motivo del mes de la Herencia Hispana, que termina este viernes, Efe reunió a cuatro latinas que trabajan en la Casa Blanca para entender cómo sus perspectivas influyen en unos debates políticos que, durante décadas, estuvieron dominados casi exclusivamente por hombres blancos.
"Para nosotras es importante poner nuestras experiencias vitales sobre la mesa cuando hablamos de distintas políticas", afirma Montelongo, subdirectora de la oficina de estrategia política y vinculación con las comunidades de la Casa Blanca, durante la entrevista colectiva en una sala del complejo presidencial.
Hija de inmigrantes mexicanos, Montelongo nació hace 35 años en Brownsville (Texas) y creció entre esa ciudad fronteriza y la vecina de Matamoros, en México; por lo que sabe lo mucho que han sufrido las familias binacionales durante la pandemia, debido al veto a los viajes no esenciales a través de la frontera.
En cuanto escuchó que por fin se levantaría ese veto el próximo 8 de noviembre para las personas vacunadas, Montelongo supo que la noticia "sería muy bien recibida por las comunidades de la frontera, independientemente de cuál sea su partido político".
"Es en estos casos en los que aportas la perspectiva única de haber crecido en esas ciudades, para que se entienda cómo se van a recibir esas políticas sobre el terreno", destaca.
Montelongo creció a pocos kilómetros de la que ahora es su compañera y directora de la oficina de estrategia política en la Casa Blanca, Emmy Ruiz, que también es hija de inmigrantes mexicanos y se crio en el pueblo texano de La Feria, en el valle del Río Grande.
Gracias a esas raíces, Ruiz tiene muy claro el "impacto desproporcionado" que está teniendo entre las latinas y negras el veto casi total al aborto en Texas, además de entre las personas indocumentadas del valle del Río Grande, donde ya hace años que muchas clínicas de salud reproductiva cerraron debido a las crecientes restricciones estatales.
"En los últimos años ha habido incluso un aumento en los casos de cáncer cervical en el valle del Río Grande, porque muchas de estas clínicas proporcionaban servicios básicos a mujeres inmigrantes", explica la texana, de 38 años.
Ruiz está embarazada de más de cinco meses y sabe que, cuando dé a luz el año que viene, contará con una baja familiar pagada para cuidar de su bebé, un permiso que para millones de latinas en Estados Unidos es más bien un lujo inaccesible, porque ese derecho no está garantizado a nivel nacional.
"Conozco a muchísimas personas y tengo muchos familiares que no han tenido recursos cuando intentaban cuidar a sus padres o a un pariente, o que quizá solo han podido tomarse una semana o dos después de dar a luz a un bebé", lamentó Ruiz.
Lo mismo le pasa a Rosie Hidalgo, nacida en Washington de padres cubanos y que trabaja en el consejo de políticas de género de la Casa Blanca, donde ejerce como asesora de Biden para temas relacionados con la violencia machista.
"Recuerdo escuchar historias de mi madre, que tenía cinco hijos y trabajaba como secretaria en distintas oficinas. Nos decía a menudo que cuando uno de nosotros se enfermaba y tenía que tomarse tiempo libre en el trabajo, le decían: 'Ni se preocupe por volver, ya hemos encontrado a alguien para reemplazarla'", relata Hidalgo.
"Y por supuesto, nunca tuvo ningún tipo de baja pagada de maternidad. Eso tuvo un impacto económico tremendo, realmente difícil, en nuestra familia", añade la asesora de Biden, de 55 años.
Ese tipo de historias, unidas al hecho de que el 60 % de las empleadas de la Casa Blanca sean mujeres y el 44 % de minorías, han ayudado a que los cuidados se sitúen en lo alto de la agenda política de Biden, cuyo plan de gasto social —en manos del Congreso— garantizaría bajas familiares pagadas de doce semanas.
Desde el consejo de políticas de género, Hidalgo intenta no olvidar que la población latina es "muy diversa" y tener siempre pendiente la intersección entre "género y raza" o estatus migratorio; pero sabe que hay temas que afectan a todos los hispanos, como la crisis climática o el declive económico derivado de la pandemia.
"Muchas personas que no tienen un camino a la ciudadanía arriesgaron sus vidas en trabajos de primera línea (durante la pandemia). Mi esperanza es que, después de esta crisis, haya un reconocimiento mucho mayor por el papel enorme que desempeñan los inmigrantes en esta economía", recalca.
Sentada a su izquierda en un salón de reuniones de la Casa Blanca, Ruiz asiente y confía en que eso se traduzca pronto en un alivio migratorio en el Congreso para los indocumentados que trabajan en el campo, o para los "soñadores" -los migrantes que llegaron al país siendo menores y reclaman su regularización-.
"Estamos de su lado. Creemos que la ciudadanía es un derecho, y es una gran prioridad para nosotros", promete Ruiz.
En un extremo de la mesa, Luisana Pérez, una inmigrante venezolana que trabaja como directora de medios hispanos en la Casa Blanca, resume con un lema las contribuciones que sus compañeras y ella aportan cada día al frenético entorno de Biden.
"La representación importa. En cada decisión que tomamos, hay gente como nosotras en esas salas, ayudando a lograr que esa decisión sea mejor para nuestras comunidades", concluye Pérez, de 34 años.