Un juez federal en California restituyó a nivel nacional la interrupción de un plan del gobierno del presidente Donald Trump que impediría que la mayoría de los migrantes soliciten asilo en la frontera entre Estados Unidos y México.
El juez federal de distrito Jon Tigar determinó el lunes que una orden que frena la entrada en vigor de la política migratoria de la actual administración deberá cumplirse en todo Estados Unidos.
Tigar bloqueó la política en julio después de demandas presentadas por grupos que brindan asistencia a personas que buscan asilo.
Pero la Corte Federal de Apelaciones del 9no Circuito limitó el impacto de la orden de Tigar en los estados que se encuentran dentro del área abarcada por la corte de apelaciones.
Con base en eso, la política fue bloqueada en los estados fronterizos de California y Arizona, pero no en Nuevo México ni Texas.
En su fallo, Tigar subrayó una “necesidad de mantener uniforme la política de inmigración” y señaló que organizaciones sin fines de lucro como “Al Otro Lado” desconocen en dónde terminarán viviendo los migrantes que buscan asilo una vez que entren a Estados Unidos y presenten su caso para permanecer en el país.
“La corte reconoció el grave peligro que enfrentan quienes buscan asilo a lo largo de la frontera sur”, dijo en un comunicado Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).
Se dejó un mensaje al Departamento de Justicia en busca de declaraciones al respecto.
Las nuevas reglas del gobierno de Trump son válidas para migrantes que cruzan otro país antes de llegar a Estados Unidos.
La política se centra en decenas de miles de centroamericanos que recorren el territorio mexicano cada mes en su intento por ingresar a Estados Unidos y también afectaría a solicitantes de asilo provenientes de África, Asia y América del Sur que llegan regularmente por la frontera sur estadounidense.