Miami, 10 feb (EFE).- Líderes empresariales, religiosos y de derechos civiles exigieron este jueves al gobernador de Florida, Ron DeSantis, que deje de usar a los menores inmigrantes como "arma política" y suspenda el decreto para cerrar los albergues que acogen a niños indocumentados que llegan al país sin sus padres.
El arzobispo católico de Miami, Thomas Wenski, fue muy duro con DeSantis y dijo que su intento de cerrar los albergues que acogen a los menores inmigrantes que llegan al país sin la compañía de sus padres o tutor legal es un "nuevo extremo" en la carrera política del republicano.
Se sumó a sus críticas el empresario Mike Fernández, antiguo importante donante a las campañas políticas de candidatos conservadores, quien señaló a Efe que los menores inmigrantes que llegan ahora al país no dejan de ser "niños" y no deben formar parte de las disputas políticas.
Wenski criticó con especial vehemencia el "teatro político" que el gobernador, en su opinión, montó el pasado lunes cuando se reunió en el Museo de la Diáspora Cubana de Miami con varios cubanos que participaron en la operación Pedro Pan, por la que miles de niños de Cuba llegaron al país a inicios de la década de los sesenta enviados por sus padres para evitar su adoctrinamiento por el régimen castrista.
El arzobispo dijo que ese evento demostró que el gobernador tiene una "poderosa máquina" política en Miami, pero que este "acoso" a los niños también dejó ver su "debilidad".
El origen de las críticas está en la orden ejecutiva aprobada por DeSantis que elimina los fondos estatales a cualquier agencia, incluida Caridades Católicas, que brinde servicios a niños inmigrantes indocumentados no acompañados.
Todo como parte de su batalla política contra la Administración del presidente, Joe Biden, y sus políticas migratorias, y por la proximidad de las elecciones intermedias de 2022, en las que espera ser reelegido.
Si bien la constitucionalidad de esta acción está siendo apelada actualmente en la corte, los líderes del estado de Florida están debatiendo los proyectos de ley SB 1808 y HB 1355, que prohibirían los contratos del gobierno estatal y de los locales con empresas que brinden transporte a menores no acompañados.
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