La Corte Suprema de Estados Unidos se pronunció este jueves contra una orden ejecutiva del presidente republicano Donald Trump que busca poner final a un programa para proteger a los "dreamers", un grupo de 700.000 jóvenes llegados al país sin papeles acompañando a sus padres cuando eran niños.
El alto tribunal consideró que sería "caprichoso" y "arbitrario" poner fin al programa adoptado por el presidente demócrata Barack Obama para dar protección contra las deportaciones y permisos de trabajo a estos jóvenes, principalmente oriundos de América Latina y muchos de los cuales no recuerdan su país de origen.
"Yo me estaba preparando para lo peor", contó a la AFP Jesús Contreras un paramédico que vive en Houston que estaba en el limbo desde que Trump decidió terminar el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en 2017.
"Todavía tenemos que luchar por tener una legislación, pero tengo una buena sensación de saber que estamos protegidos y a salvo, al menos por ahora", agrego Contreras.
Este programa permite a los jóvenes trabajar, estudiar y conducir y sin él se verían condenados a vivir sin papeles.
Esta es una de las decisiones más esperada de la temporada y debido a que los jueces conservadores son mayoría, había expectación sobre la decisión.
Finalmente el magistrado John Roberts sumó su voz a la de los cuatro jueces progresistas para apoyar la permanencia del programa.
"No estamos decidiendo si DACA o su terminación son políticas fundadas. Nos referimos sólo a si la agencia cumplió con los requerimientos de procedimiento que le otorgaran una explicación razonada para su acción", escribió Robert en el acta.
Estos son los cinco puntos clave sobre el proceso que culminó en el Tribunal Supremo:
El presidente Barack Obama creó por decreto del 15 de junio de 2012 el programa con el propósito de diferir la deportación de extranjeros que eran niños o adolescentes cuando ingresaron ilegalmente a EE.UU., y que en muchos casos jamás han estado en su país de origen.
Para beneficiarse, los jóvenes debían probar que llegaron antes de los 16 años de edad, que no tenían antecedentes penales y que cursaban educación secundaria o universitaria, o cumplían servicio militar. DACA ofrece la garantía de no ser deportado; permiso de trabajo y un número del Seguro Social. DACA no ofrece residencia legal permanente ("tarjeta verde") y da en cambio una "situación de presencia legal" en EE.UU.
Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), hasta el 30 de junio pasado unas 660.000 personas se habían registrado en el programa. Las fechas de vencimiento de sus permisos depende de la fecha en que cada "soñador" o "soñadora" hizo su solicitud y varían entre enero de 2019 y junio de 2021. De la cifra dada por USCIS, 529.760 beneficiarios son de origen mexicano, seguidos por 25.350 salvadoreños y 17.260 guatemaltecos, entre los primeros lugares.
El 6 de septiembre de 2017 el presidente Donald Trump, quien durante su campaña electoral había prometido que protegería a los "soñadores" -como se autodenominan los beneficiarios de DACA- anuló el decreto de Obama, calificándolo de inconstitucional. La decisión de Trump, con vigencia a partir del 5 de marzo de 2018, trasladó la decisión sobre estos "soñadores" a manos del Congreso.
En enero de 2018 los "soñadores" iniciaron querellas en tribunales contra el decreto del presidente Trump, que han transcurrido entre decisiones y apelaciones. La suerte de DACA quedó envuelta en la contienda más amplia sobre la política del presidente Trump hacia los inmigrantes indocumentados, que ha incluido la deportación de decenas de miles de personas que llegaron a Estados unidos pidiendo asilo.
El Partido Republicano, que tuvo mayoría en ambas cámaras del Congreso entre 2017 y 2019, no dio al presidente Trump una reforma general del sistema de inmigración, y la retórica del presidente contra los inmigrantes ha consolidado esa parte de la opinión pública en oposición a los "soñadores".
La Cámara de Representantes, que desde enero de 2019 tiene mayoría demócrata, aprobó en junio pasado un proyecto de ley para regularizar la situación de los "soñadores". Pero el jefe de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, se ha rehusado a presentar la legislación para debate y votación en la cámara alta del Congreso.
4. La Justicia.
Desde la primera querella contra el decreto de Trump, en enero de 2018, el Gobierno ha pedido la intervención del Tribunal Supremo de Justicia, y desde entonces se han sucedido los fallos de tribunales y cortes de apelación federales en la continua batalla legal de los "soñadores".
En junio del año pasado el Tribunal Supremo de Justicia aceptó ocuparse de la disputa sobre la validez legal del decreto de Trump y realizó en noviembre una audiencia durante la cual escuchó los argumentos de las partes, dejando la decisión para antes del término de su sesión de este año.
5. ¿Qué significa el fallo de hoy?
El Tribunal Supremo, en una votación de 5 a 4, dictaminó que la decisión del Gobierno de Trump que ordenó el fin de DACA fue "arbitraria y caprichosa". El fallo no cuestionó la constitucionalidad del decreto de Trump en 2017 sino que enfatizó que el Gobierno no presentó argumentos adecuados que justificaran la terminación de DACA.
El presidente del Tribunal, John Roberts, quien escribió el dictamen señaló que "la conveniencia de estas decisiones no es asunto que nos concierna. Solo dictaminamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de presentar una explicación razonada de sus acciones".
El significado práctico del fallo es que los recipientes de DACA siguen protegidos de la deportación, pero el gobierno de Trump podría intentar nuevamente la rescisión del programa añadiendo una explicación más firme que justifique la terminación del programa.
Pero lo cierto es que el fallo de hoy deja a Trump en un dilema cuando faltan 138 días para las elecciones presidenciales en la cual el voto de los inmigrantes puede ser decisivo en varios estados. Recientes encuestas muestran que la mayoría de los estadounidenses, incluidos republicanos y conservadores, están de acuerdo en que los "soñadores" permanezcan en el país y tengan una vía legal hacia la ciudadanía.