Los estados de Texas y Ohio, en Estados Unidos, ordenaron suspender todas las operaciones no urgentes, incluidos los abortos, debido a la crisis ocasionada por la pandemia de coronavirus.
Esas decisiones fueron criticadas por los defensores del derecho de las mujeres a la interrupción de un embarazo, que denuncian una maniobra "ideológica" y recuerdan que los abortos no pueden esperar.
El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ordenó el sábado posponer "las intervenciones que no sean inmediatamente necesarias", a fin de asegurar la disponibilidad de camas para los enfermos de COVID-19 y de equipos de protección para el personal que deba atenderlos.
"Quienes violen la orden del gobernador serán sancionados con todo el peso de la ley", dijo en un comunicado, mencionando penas de hasta 180 días de prisión y 1.000 dólares de multa.
"No es sorprendente ver a este fiscal general usar cualquier excusa para sacar adelante su agenda ideológica", dijo Kathy Miller, presidenta de la asociación local de defensa al aborto Texas Freedom Network.
Destacando "la ventana temporal limitada" que tienen las mujeres en este estado para abortar, Miller estimó en un comunicado que "posponer" las intervenciones "significa negarles a las mujeres el derecho constitucional de tomar esas decisiones de manera segura".
En Ohio, tras una decisión de las autoridades sanitarias de suspender las operaciones "no urgentes", el fiscal general envió mensajes a tres clínicas que practican abortos para ordenarles que apliquen la medida.
"No es un asunto sobre el aborto. También fue enviada una carta a un grupo urológico que presuntamente estaba realizando cirugías electivas", dijo a la AFP Bethany McCorkle, portavoz del fiscal.
Dos de las clínicas señaladas, gerenciadas por la organización Planned Parenthood, aseguraron que siguen las medidas y suspendieron todas las intervenciones no urgentes. Pero aseguraron en un comunicado que "los abortos son procedimientos médicos esenciales y urgentes".
"Nuestras puertas seguirán abiertas para ofrecer estos cuidados", prometieron sus directoras Iris Harvey y Kersha Deibel.
La Corte Suprema de Estados Unidos reconoció en 1973 el derecho de todas las estadounidenses al aborto, pero permite a los estados legislar sobre su práctica, lo que genera grandes disparidades según las regiones.
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