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El gobernador de Colorado, John Hickenlooper, prohibió hoy el uso de recursos estatales para separar familias de inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos, en una orden ejecutiva que muestra su "fuerte desacuerdo" con la Casa Blanca.
"Quisimos asegurarnos de que añadimos nuestro propio sentido de urgencia con (esta orden ejecutiva", expresó el mandatario estatal sobre una polémica que en las últimas horas ha generando una creciente oposición incluso en el partido republicano.
En los últimos días han aparecido reportes de la dramática situación de estos menores, alojados en almacenes reconvertidos en centros de detención temporal y en algunos casos ubicados dentro de recintos divididos a modo de jaulas.
Hickenlooper subrayó que distintos grupos, incluyendo dirigentes religiosos, profesionales de salud mental, académicos, políticos y personas de todo origen se oponen a la decisión de la Administración Trump de separar a las familias de indocumentados detenidos en la frontera.
Según datos oficiales, en los dos primeros meses de "tolerancia cero" unos 2.000 menores fueron separados de sus padres.
Hickenlooper no especificó si ya se usaron o se pensaban usar recursos locales para implementar esa medida, pero la orden estipula que ninguna agencia del Gobierno estatal podrá negarse servicios o beneficios a una persona solo por ser indocumentada si las leyes federales le permiten recibir esos servicios o beneficios.
A la vez, no se usará dinero, equipo o personal de Colorado para separar a padres de sus hijos sólo porque los padres son indocumentados.
La decisión del gobernador fue celebrada por ProgressNow Colorado, la mayor organización progresista en este estado.
"Separar a niños inocentes de sus familias y colocarlos en un campamento de internación está mal. Punto final", dijo Ian Silverii, director ejecutivo de ProgressNow Colorado, en declaraciones preparadas enviadas a Efe.
"Podemos tener una frontera segura sin acciones maliciosas contra familias sólo para tratar de obtener ganancias políticas. Esto ya no se trata de política partidista. Se trata de si Estados Unidos todavía tendrá algo de credibilidad (en cuanto a derechos humanos)", agregó. EFE
