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Con amplio respaldo bipartidista, el Senado de Colorado le dio este lunes aprobación definitiva a un proyecto de ley que, cuando esté vigente, permitirá que ciertos inmigrantes sin presencia legal permanente, pero ya gestionándola, puedan portar armas de fuego para postularse como candidatos a los departamentos de policía del estado.
La medida busca que las jurisdicciones dentro de Colorado modifiquen las normas de entrenamiento de oficiales de policía y otros miembros de las fuerzas del orden para que las personas beneficiadas por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o quienes han solicitado asilo sean elegibles para certificarse como policías activos o de reserva.
La iniciativa no exige que los departamentos de policía y de alguaciles de Colorado implementen esos cambios, sino que les permite hacerlo, especificando que el interesado en portar armas con el propósito de graduarse de la academia de policía solo podrá ingresar a esa academia mientras mantenga su estatus inmigratorio temporal.
Y en caso de llegar a graduarse como policía, el beneficiado de DACA o el peticionante de asilo solo podrá portar armas “mientras sea en desempeño de su deber o cuando sea autorizado según las normas por escrito de la agencia que emplea a ese oficial”.
Eso significa que el inmigrante, de ser aceptado como policía, podrá “transportar, almacenar, limpiar y mantener su arma fuera de las horas de entrenamiento”.
También significa que, en cumplimiento de las leyes federales vigentes, los beneficiados por DACA no pueden comprar ni portar ninguna otra arma de fuego excepto la usada para su entrenamiento policial. De hacerlo, las leyes federales permiten deportar a ese inmigrante.
La ley HB23-1143 recibió este lunes 31 votos en favor y solo 4 en contra en el Senado estatal en la tercera y última votación sobre el tema. Anteriormente (hace un mes) ya había recibido 40 votos positivos y 18 negativos en la Cámara de Representantes.
Se anticipa que la nueva ley entrará en vigor automáticamente dentro de 90 días.
El proyecto fue impulsado por las senadoras Julie Gonzáles y Bárbara Kirkmeyer, y por los representantes estatales Ryan Armagost y Cathy Kipp.
“Hemos escuchado una y otra vez que los departamentos de policía y las agencias policiales locales están sufriendo por la falta de personal”, dijo la senadora Gonzáles en febrero pasado al presentar su propuesta.
“(Esta ley) me parece una oportunidad para que los inmigrantes, los beneficiarios de DACA, que quieren dar un paso al frente y servir (en las fuerzas del orden) ahora puedan hacerlo”, agregó.
Por su parte, el representante Armagost aseveró que “especialmente en mi distrito, hay una comunidad muy diversa, con muchas personas de habla hispana en los condados Weld y Larimer.”
“Entonces, tener más oficiales que hablen español es un gran beneficio. Esto es algo que creo que traería no solo diversidad, sino que también ayudaría a superar la barrera del idioma”, comentó.
Colorado es el segundo estado en permitir que las personas sin estatus legal permanente se conviertan en agentes de policía. California aprobó una ley similar en 2022 para permitir que cualquier persona autorizada para trabajar legalmente en ese estado pueda ingresar a la policía.
