Las espinosas relaciones entre Washington y La Habana inauguraron un nuevo capítulo este jueves, cuando la empresa de cruceros Carnival se convirtió en la primera compañía demandada en tribunales de Estados Unidos por el uso de propiedades confiscadas en Cuba por la revolución de 1959.
La demanda contra Carnival Cruise Lines, con sede en Florida, fue interpuesta a las 00H01 de este jueves en un tribunal federal de Miami, apenas quedó habilitada esa posibilidad por parte del gobierno de Donald Trump.
Los demandantes son los cubanoestadounidenses Javier García Bengochea y Mickael Behn, herederos respectivamente de los puertos de Santiago de Cuba y de La Habana.
Ambos acusan a Carnival de haber utilizado sin su consentimiento estos puertos nacionalizados por el gobierno comunista y que, según ellos, fueron "robados" a sus familias.
La administración Trump abrió esta ventana cuando activó el 17 de abril el "Título III" de la ley Helms-Burton de 1996, sistemáticamente suspendida desde entonces por los gobernantes estadounidenses para evitar fricciones con sus aliados con intereses económicos en la isla.
Carnival "fue la primera línea de cruceros en beneficiase de nuestra propiedad robada, por lo que merecen la ignominiosa distinción de ser los primeros en ser demandados bajo esta ley", dijo García Bengochea.
Behn, que reclama sus derechos sobre los muelles de La Habana, no ocultó su emoción al leer su declaración.
"En la década de 1960, los hermanos Castro y sus amigos del Partido Comunista robaron la propiedad de mi abuelo (...) Finalmente podemos obtener justicia después de 60 años", dijo.
Por el momento, Carnival asegura que mantendrá las operaciones. "Seguiremos ofreciendo nuestro calendario normal de cruceros a Cuba para nuestros visitantes", dijo a la AFP su vocero, Roger Frizzell.
El pleito contra Carnival es uno de los cientos que podrían alcanzar a quienes usufructúan las propiedades nacionalizadas por la revolución de Fidel Castro y que prometen congestionar los tribunales del sur de Florida.
Se espera que en los próximos días el cubanoestadounidense José Ramón López Regueiro presente una demanda contra el estado cubano y varias aerolíneas por el usufructo del aeropuerto de La Habana, que era de propiedad privada antes de la revolución.
El padre de López Regueiro, José López Vilaboy, era el principal accionista del aeropuerto, entre otras propiedades. Pero sus bienes le fueron confiscados cuando la revolución depuso a su amigo cercano, el entonces dictador Fulgencio Batista.
"Habrá centenares de demandas", vaticinó Nick Gutiérrez, asesor legal y presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, una de las entidades que más bregó por la aplicación total de la ley Helms-Burton.
Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que esta medida "originará fricciones innecesarias" y acusó a Washington de violar compromisos comerciales con su implementación.
"La UE considera que la aplicación extraterritorial de medidas restrictivas unilaterales contraviene el derecho internacional y recurrirá a todas las medidas adecuadas para abordar las consecuencias de la aplicación de la Ley Helms-Burton", prometió.
Expertos coinciden en que el Título III desalentará futuras inversiones en la isla.
No obstante, la embajadora de Cuba ante la UE, Norma Goicochea, dijo que confía en que el bloque protegerá a sus inversionistas. "Nosotros no tememos una fuga de inversiones", comentó a la AFP en Bruselas.
El expresidente Barack Obama había flexibilizado en 2014 la postura frente a Cuba, pero Trump dio marcha atrás y endureció las sanciones contra lo que llama la "troika de la tiranía", formada por Cuba, Nicaragua y Venezuela.
En ese contexto, la activación del Título III busca debilitar al gobierno cubano, al cual Washington considera el titiritero de los líderes Nicolás Maduro, en Caracas, y Daniel Ortega, en Managua.
Ahora los posibles inversores que tienen algún interés en Estados Unidos lo pensarán dos veces si en la transacción se incluye una propiedad confiscada, explicó a la AFP el abogado Jasón Poblete, experto en materia de sanciones internacionales.
"La nube del riesgo político siempre existía. Pero ahora esa nube quizás se ha cristalizado un poco y ya no es solo un riesgo político, sino potencialmente legal también", afirmó Poblete.