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Los tribunales canadienses han aceptado una demanda colectiva contra el Gobierno federal en representación de 8.360 migrantes que fueron detenidos e internados en cárceles entre 2016 y 2023.
En una decisión adoptada el viernes pero que se dio a conocer este martes, el Tribunal Superior de Justicia de Ontario, la principal provincia de Canadá, aceptó la demanda y rechazó todas las objeciones presentadas por los abogados del Estado, informó la radiotelevisión pública canadiense, CBC.
Según el juez, Benjamin Glustein, los migrantes sufrieron el mismo trato que los criminales encarcelados, "incluido convivir con delincuentes violentos, el uso de medidas de restricción, como grilletes y esposas, registros corporales y graves limitaciones de contacto y movimiento".
La demanda subrayó que Canadá encarceló a migrantes y residentes permanentes a pesar de que no estaban acusados de ningún delito, lo que considera un violación de sus derechos constitucionales.
Durante años, el Gobierno federal canadiense llegó a acuerdos con las provincias del país para encarcelar a migrantes. Pero desde entonces, muchas de las provincias han cancelado los convenios al considerar que violan los derechos humanos de los migrantes.
La agencia fronteriza de Canadá puede ordenar la detención de migrantes, incluidos quienes solicitan refugio, si se considera que huirán y no comparecerán ante las autoridades migratorias del país.
Pero en vez de alojar a los detenidos en centros especialmente construidos para los migrantes, el Gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, decidió su encarcelación en prisiones donde, alegan los abogados, pueden permanecer de forma indefinida.
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