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El gobernador de California (EU), el demócrata Gavin Newsom, anunció este miércoles una suspensión de las ejecuciones en su estado, donde no se ha aplicado la pena de muerte desde 2006 y hay unos 740 reos en el corredor de la muerte.
"La muerte intencional de otra persona está mal y como gobernador no supervisaré la ejecución de ningún individuo", afirmó el gobernador al anunciar su decisión.
Newsom aseguró que la pena de muerte discrimina a los enfermos mentales, a las personas de color y a aquellos que no pueden pagar "una representación legal costosa".
"No creo que una sociedad civilizada pueda reclamar ser líder en el mundo mientras su Gobierno continúe sancionando la muerte premeditada y discriminatoria de su gente", argumentó.
Con el anuncio de hoy, California se une a Colorado, Oregón y Pensilvania como los estados del país en establecer una moratoria a la ejecución de la pena capital.
"Este anuncio marca un momento clave en la lucha por la igualdad racial y de justicia para todos", aseguró Héctor Villagra, director ejecutivo de Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, en una declaración enviada a Efe.
"Sabemos que la raza juega un peligroso e inadecuado papel en las decisiones sobre quienes son sentenciados a la pena de muerte en California", agregó Villagra, quien mencionó un estudio de la Universidad de Santa Clara sobre ese particular.
Villagra anotó que el estudio concluyó, entre otras cosas, que hay tres veces más probabilidades de que un acusado por asesinato sea condenado a muerte si la víctima es una persona blanca que si se trata de una víctima afroamericana.
Tanto el gobernador Newsom como Villagra se refirieron este miércoles al caso de Vicente Benavides, quien en abril de 2018 fue puesto en libertad luego de pasar 25 años en el pabellón de la muerte y ser hallado inocente cuando se revisó su condena.
La última ejecución en California tuvo lugar el 17 de enero de 2006 cuando fue ejecutado Clarence Ray Allen, de 76 años.
Además de anunciar la suspensión de las ejecuciones, Newsom, que tomó posesión como gobernador número 40 de California en enero pasado, anunció el cierre de la prisión estatal de San Quintín, localizada en el condado de Marín (norte de California).
Allí funciona el único corredor de la muerte para hombres y la cámara de ejecución del estado.
El anuncio del gobernador se anticipa a una esperada decisión sobre el protocolo para utilizar la inyección letal -suspendida desde 2006- a consecuencia de una querella legal presentada por un condenado a muerte.
Un juez está revisando el más reciente protocolo para la ejecución de pena de muerte con inyección letal presentado por California, que se espera sea aprobado.
De acuerdo con el anuncio de hoy, California no continuará con el proceso legal para establecer este protocolo.
Aunque cuenta con el corredor de la muerte más poblado de Estados Unidos, California es uno de los estados con menos ejecuciones del país, con solo 13 desde que en 1976 la pena capital fue restablecida.
Tanto en 2012 como en 2016 los votantes californianos rechazaron dos iniciativas que buscaban prohibir la pena de muerte en este estado del oeste del país.
También en 2016 apoyaron una iniciativa que preveía acortar el proceso de apelaciones al que un preso tiene derecho con el objetivo de acelerar las ejecuciones.
En la actualidad hay 737 condenados en el pabellón de la muerte en California, según información del estado. Desde 1978, han muerto 79 condenados a muerte por causas naturales y 26 más por suicidio.
Según aseguró Newsom al anunciar su orden ejecutiva, California ha gastado 5.000 millones de dólares desde 1978 en su corredor de la muerte.
Pese a la moratoria, los tribunales podrán seguir condenando a muerte a nuevos acusados, que en ese caso pasarán a engrosar el corredor de la muerte.
Desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos restituyó la pena de muerte en 1976, han sido ejecutados en todo el país 1.493 presos, la mayoría en el estado de Texas (560).
Veinte de los 50 estados de la Unión han abolido la pena de muerte, que sigue vigente para los otros 30, además de para el Gobierno federal y para las Fuerzas Armadas.
