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El Gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, anunció este lunes que ha abierto una investigación contra la Policía de Louisville (Kentucky, EE.UU.) por la muerte hace más de un año de la joven negra Breonna Taylor, que estaba en su casa cuando agentes le dispararon por error.
Esas pesquisas serán responsabilidad del fiscal general de EE.UU., Merrick Garland, quien explicó en un comunicado que su objetivo será determinar si la Policía de Louisville adoptó algún "patrón" o "práctica", que podría resultar ilegal o violar las garantías recogidas en la Constitución.
En concreto, el Gobierno quiere comprobar si la Policía de Louisville incurre en prácticas "discriminatorias" como arrestos desproporcionados de ciudadanos negros.
También se evaluará el entrenamiento y los mecanismos que existen para determinar si un agente puede estar implicado en actitudes racistas.
Esta es la segunda investigación que el Gobierno de Biden anuncia sobre un cuerpo de Policía local.
La semana pasada, Garland abrió una indagación sobre la Policía de Mineápolis (Minesota, EE.UU.) para determinar si lleva a cabo en prácticas racistas.
Ese anuncio se produjo solo un día después de que el exagente de ese cuerpo Derek Chauvin fuera declarado culpable del asesinato del afroamericano George Floyd.
En el caso de Taylor, la mujer murió a tiros el 13 de marzo del año pasado cuando tres policías blancos irrumpieron en su apartamento para llevar a cabo una orden de registro presuntamente en busca de estupefacientes, que no encontraron.
Los agentes irrumpieron en su casa vestidos de paisano, por lo que el novio de la mujer, Kenneth Walker, los confundió con criminales y disparó contra ellos.
Los agentes, sin embargo, aseguran que antes de entrar se identificaron como parte del Departamento de Policía de la ciudad, algo que Walker asegura que no escuchó.
Los agentes dispararon en 32 ocasiones y, como resultado, Taylor perdió la vida.
Ninguno de los tres policías que irrumpieron en la casa ha sido imputado por la muerte de Taylor, aunque dos de ellos fueron despedidos.
Líderes de la comunidad negra en Kentucky han acusado a la Policía y al fiscal general del estado, el republicano Daniel Cameron, de haber tratado de encubrir lo ocurrido.
