El Supremo de Estados Unidos dificultó este miércoles el acceso a anticonceptivos para decenas de miles de mujeres del país, al respaldar una norma impulsada por el presidente Donald Trump que permite a las empresas negar a sus empleadas la cobertura gratuita de ese servicio por motivos religiosos.
Por 7 votos a favor y 2 en contra, la máxima instancia judicial validó una directiva de 2017 que tumbó casi del todo otra norma impulsada por el expresidente Barack Obama (2009-2017) y que obligaba a las compañías a incluir la cobertura gratuita del control de la natalidad en los planes de salud que ofrecen a sus trabajadores.
La orden de Trump permitió que cualquier empresa, incluidas universidades, hospitales o aseguradoras médicas, se negara a ofrecer cobertura de anticonceptivos a sus empleados si alegaban objeciones religiosas o morales, una exención que bajo el Gobierno de Obama solo incluía a las iglesias o casas de culto.
La mayoría de los jueces del Supremo opinaron que Trump sí tenía derecho a modificar esa norma porque la reforma sanitaria de 2010, conocida como "Obamacare", concede al Gobierno la autoridad de crear esas "exenciones religiosas y morales".
Las magistradas progresistas Sonia Sotomayor y Ruth Bader Ginsburg se mostraron en contra, al advertir de que, según los cálculos del propio Gobierno, "entre 70.500 y 126.400 mujeres perderán inmediatamente el acceso a servicios anticonceptivos gratuitos" al entrar en vigor la norma de Trump, en palabras de la segunda.
"La exención religiosa que estamos examinando impone cargas notables para las empleadas femeninas", subrayó Ginsburg, quien avisó de que muchas mujeres dejarán de utilizar anticonceptivos aunque los necesiten debido a su "alto coste".
La reforma sanitaria de 2010 permitió acceder a una cobertura médica gratuita de anticonceptivos a más de 62 millones de mujeres en edad reproductiva que hasta entonces no la tenían, incluidas 17 millones de latinas y 15 millones de negras, según Planned Parenthood, la mayor red de clínicas de salud reproductiva del país.
La presidenta de esa organización, Alexis McGill Johnson, tachó este miércoles de "atroz" la decisión del Supremo y prometió en un comunicado que Planned Parenthood hará "todo lo posible para asegurar que quienes necesiten anticonceptivos puedan acceder a ellos".
"Las restricciones como esta impactan sobre todo a la gente negra y latina, porque es más probable que tengan bajos ingresos y porque los cuidados básicos de salud siempre han estado fuera de su alcance debido a que históricamente se han hecho inversiones insuficientes en cuidados asequibles, y éstas continúan", afirmó McGill Johnson.
La decisión del Supremo llegó una semana después de que esa corte se pronunciara sobre otro asunto clave relacionado con los derechos reproductivos, al declarar inconstitucional una ley estatal que habría limitado al máximo el acceso al aborto en Luisiana.
Sin embargo, los conservadores evangélicos blancos, que tienen un gran poder en el Partido Republicano, han prometido continuar con su batalla para lograr que el Supremo, de mayoría conservadora, derogue la decisión que en 1973 legalizó el aborto en todo EU.