El Parlamento de Austria aprobó hoy una ley que obliga a los mayores de 18 años residentes en el país a vacunarse contra la covid-19 e impone multas de hasta 3,600 euros (4.085 dólares) por ignorar la norma, que cuenta con amplio respaldo político pero que ha provocado gran polarización en la calle.
La ley, la primera de este tipo en un país miembro de la UE, fue respaldada por 137 de los 170 diputados que participaron en la votación en el Parlamento (de 183 escaños), donde sólo el partido ultranacionalista y antivacunas FPÖ se opuso en bloque.
Mientras los diputados aprobaban la norma, cientos de personas se manifestaban en el centro de Viena contra la vacuna obligatoria, vigilados por un fuerte dispositivo policial que bloqueó los accesos a la zona del Hofburg, el antiguo palacio imperial que acoge la sede del Gobierno y del Parlamento.
El FPÖ, que tiene una intención de voto del 20%, lleva semanas convocando manifestaciones contra las medidas para contener la pandemia, y el pasado domingo reunió a 30,000 manifestantes en Viena.
De la obligatoriedad de vacunarse, que entrará en vigor en febrero, quedan exentos mujeres embarazadas, personas para las que la vacuna suponga un riesgo y quienes se hayan recuperado de la enfermedad en los últimos 180 días.
El texto legal deja claro que la vacuna no puede "imponerse mediante el uso de la fuerza" y los castigos a las multas económicas, que oscilan entre los 600 y los 3,600 euros.
El importe de las sanciones irá destinado a financiar los hospitales públicos.
El Gobierno de coalición que forman el conservador Partido Popular (OEVP) y el ecologista Los Verdes argumentó el pasado noviembre que se vio obligado a tomar esa decisión ante la incapacidad de convencer a suficientes ciudadanos de la necesidad de vacunarse.
Desde entonces, la tasa de vacunación ha pasado del 65 al actual 71 % de la población.
El Ejecutivo ha logrado vencer las reticencias iniciales de la oposición socialdemócrata y liberal, cuyos diputados votaron hoy a favor de la ley.
En el proceso de redacción de la ley se modificaron puntos importantes, como el que elevó de 14 a 18 años la edad obligatoria de vacunación.
Según las últimas encuestas, sólo el 45% de la población apoya que la ley entre en vigor en febrero, mientras que otro 17% prefiere retrasar su aplicación y otro 34% se opone totalmente a la norma.
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