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Legisladores republicanos molestos con la decisión de algunos alguaciles elegidos hace poco de no seguir colaborando con el servicio de inmigración están ensayando una nueva estrategia para obligarlos a hacerlo: Presentaron en Carolina del Norte un proyecto de ley por el cual tendrán que retener a cualquier extranjero sin permiso de residencia que hayan detenido si así lo pide el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.
La iniciativa fue aprobada el miércoles por una comisión de la cámara baja estatal. El proyecto obligaría a los sheriffs de los 100 condados del estado a acatar los pedidos del ICE, como se conoce a esa dependencia, por sus siglas en inglés, de que retengan a extranjeros que se sospecha están en el país sin permiso. Los agentes del servicio de inmigración podrían pedir que los retengan 48 horas, para darles tiempo a que asuman su custodia.
Sheriffs elegidos el año pasado en los condados de Wake, Durham y Buncombe --todos demócratas-- anunciaron que no acatarían esas solicitudes, llamadas “detainers”, aduciendo que no les corresponde hacer cumplir las leyes federales. Quienes se oponen a esa colaboración dicen que esa táctica genera inseguridad en las comunidades al desalentar a los inmigrantes que son víctimas de delitos a que acudan a la policía.
Uno de los patrocinadores de la medida, Destin Hall, dice que la idea es que los alguaciles simplemente sigan haciendo lo que vienen haciendo desde hace décadas, cooperar con las autoridades federales. Al ignorar los “detainers”, estos sheriffs liberan a delincuentes que deberían estar detrás de las rejas, sostuvo Hall.
“Estos sheriffs de ciudades santuario anteponen la política a la seguridad del público. Este proyecto acabaría con eso”, manifestó Hall ante la comisión antes de la votación, que fue aprobada con 17 votos a favor y nueve en contra. Si bien el proyecto todavía tiene que recorrer un largo camino, cuenta con el apoyo del presidente de la Cámara de Representantes Tim Moore.
Activistas que defienden los derechos de los inmigrantes pidieron al gobernador demócrata Roy Cooper que vete la ley si es aprobada en la Asamblea General.
“Se están extralimitando”, afirmó Ana Ilarraza Blackburn, enlace con la comunidad hispana de la oficina estatal de la NAACP (sigla en inglés de la Asociación Nacional por el Progreso de la Gente de Color). “El lenguaje que están usando es muy divisivo”.
El portavoz de Cooper dijo el miércoles que el gobernador analizará la versión final de la legislación, pero que “le preocupa mucho la idea de restarle autoridad a los organismos locales y hacer que a la policía le resulte más difícil cumplir su labor”.
Sanciones para alguaciles que no cumplan con detenciones
El proyecto dice que los alguaciles que no acaten los “detainers” o cualquier otra disposición estatal sobre inmigración podrán ser llevados a juicio por los ciudadanos, con multas de hasta 25.500 dólares por día si son reincidentes. No se acataría un “detainer” si involucra a víctimas o testigos de delitos. Pero Jane Allen Wilson, de la Red de Asistencia a Víctimas, dice que de todos modos haría que los inmigrantes sin permiso de residencia que han sido víctimas de delitos no hagan la denuncia por temor a meterse en líos.
Los sheriffs de los condados de Wake y Mecklenburg también dejarán de participar en el programa 287(g), por el cual las policías locales ayudan al gobierno a hacer cumplir las leyes federales de inmigración y mantienen detenidos a los inmigrantes para que puedan ser aprehendidos por agentes del ICE.
El proyecto de ley no habla del 287(g), pero un alto funcionario regional del ICE dijo que la detención de cientos de inmigrantes sin permiso de residencia el mes pasado a manos de agentes de esa dependencia fue consecuencia directa de que algunos departamentos de policía dejaron de cooperar con el ICE.
“La realidad es que van a tener que hacer cumplir las leyes federales de inmigración ya sea en los confines de una cárcel o en los sitios de trabajo o en los barrios”, sostuvo Hall. “Creo que lo mejor para todos es que lo hagan en una cárcel”.
Abogados especializados en derechos civiles dijeron a la comisión que retener a una personas más tiempo del indicado a pedido del ICE es inconstitucional y advirtieron que hacerlo puede dar lugar a costosos procesos legales. Hall y otros partidarios de la colaboración con el ICE, en cambio, aseguran que lo que proponen es legal.
El representante Wesley Harris, demócrata del condado de Mecklenburg, opina que el proyecto va en contra de la voluntad de los votantes, que eligieron a estos sheriffs en base a sus promesas de que dejarían de colaborar con el ICE. “¿Quiénes somos nosotros para decirles a nuestros condados cómo debe manejarse la policía?”, preguntó.
La Asociación de Sheriffs de Carolina del Norte no se pronunció en torno al proyecto, pero está formando una comisión para analizarlo, según su presidente, James Clemmons. Indicó que piensa hablar con los agentes del ICE y que tal vez no sea necesaria una ley para resolver el tema.
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