Después de una moratoria por problemas registrados en la aplicación de la pena de muerte en 2022, Alabama ejecutó este viernes en la madrugada a James Barber, condenado por el homicidio de una mujer de 75 años de edad en el 2001, informó el fiscal general del estado, Steve Marshall.
En una breve declaración antes de su muerte, Barber pidió perdón a la familia de Dorothy Epps, la mujer que él mató a golpes en su casa en la localidad de Harvest del condado de Madison.
La ejecución en el Centro Correccional Holman se llevó a cabo después de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos rechazó anoche el pedido de suspensión presentado por Barber, de 64 años, que hacía referencia a problemas con ejecuciones registrados en 2022.
En julio del año pasado al personal de la prisión le tomó tres horas insertar la aguja para la inyección intravenosa letal a Joe Nathan James, y una autopsia privada describió el proceso como tortura.
En septiembre los funcionarios de la prisión intentaron al menos 18 veces insertar la línea intravenosa para la ejecución de Alan Miller y tuvieron que suspenderla. En noviembre, una situación casi idéntica forzó la suspensión de la ejecución de Kenneth Smith. Estas ejecuciones no han sido reprogramadas.
Los incidentes llevaron a la gobernadora Kay Ivey a anunciar en noviembre una pausa en la aplicación de la pena de muerte, a la espera de una revisión de los procedimientos usados.
Los abogados de Barber habían pedido al Supremo que impidiera la ejecución indicando que el estado de Alabama tiene un historial de fracasos "en la ejecución por inyección legal de una manera constitucional".
La Octava Enmienda de la Constitución prohíbe lo que describe como "castigo cruel e inusual", pero la interpretación del texto ha sido controvertida por dos siglos.
La ejecución de Barber se efectuó bajo nuevos protocolos, que incluyen una mayor ventana temporal para realizar el procedimiento, a raíz de la revisión ordenada por la gobernadora republicana.
Desde la reinstauración de la pena de muerte en Estados Unidos en 1976 al menos mil 572 personas han sido ejecutadas, y actualmente hay más de 2 mil 360 condenados a muerte en los casi 30 estados donde ese castigo se aplica.