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Cientos de miles de empleados federales de Estados Unidos se vieron forzados a quedarse en sus casas el lunes, ante la incapacidad del Congreso de lograr durante el fin de semana un acuerdo presupuestario que permitiera financiar el gobierno, en "shutdown" (cierre) desde el sábado a las 00H00.
La parálisis no afecta servicios esenciales del gobierno, en particular los que tienen que ver con la seguridad nacional. Pero en la capital federal se notaba la baja de actividad, con el metro y las principales avenidas más vacías que de costumbre.
Desde Twitter, Trump llamó a terminar con la "obstrucción" de los demócratas, a quienes acusó de cerrar el gobierno para lograr concesiones en materia de inmigración, al servicio de "su base de extrema izquierda".
"Prefieren renunciar a los servicios y a la seguridad de sus ciudadanos en beneficio de los servicios y de la seguridad de los no ciudadanos", escribió, aludiendo a la "impotencia" de Schumer y otros líderes demócratas para evitar el cierre.
En el Senado, Schumer arremetió contra Trump. "El gran presidente negociador se mantuvo al margen", dijo.
El proyecto de ley para mantener el financiamiento del gobierno hasta el 8 de febrero requiere 60 votos para ser aprobado en el Senado de 100 miembros, lo que significa que los republicanos, que tienen una mayoría de un escaño, necesitan el apoyo de varios demócratas.
Desde que entró en efecto el cierre del gobierno federal, la Casa Blanca afirmó que no se consideraba la posibilidad de negociar sobre la inmigración hasta que no se vote un presupuesto temporal.
La Estatua de la Libertad dio la pauta de la importancia del tema de la inmigración en el debate. El famoso monumento, cerrado a los turistas desde el sábado por la mañana, reabrió el lunes financiado con fondos del gobierno estatal.
"Es un símbolo de Nueva York y de nuestros valores (...) Su mensaje nunca ha sido tan importante como hoy", dijo el domingo el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo.
Este es el cuarto "shutdown" del gobierno federal que se registra desde 1990. El último se remonta a 2013, durante el segundo mandato de Obama, y duró 16 días, afectando a unos 800.000 funcionarios.
