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Un grupo de legisladores federales republicanos propusieron una iniciativa para sancionar a las universidades y colegios que protejan a sus estudiantes indocumentados, las cuales se autodenominan como “campus santuario”.
Los representantes federales republicanos Duncan Hunter, Tom McClintock y Lou Barletta propusieron la iniciativa de ley H.R. 6530, al final de los trabajos del 114 Congreso, razón por la que será de las primeras en ser revisada por el nuevo Congreso, que iniciará trabajos el próximo 20 de enero.
La propuesta pretende enmendar la “Ley de Educación Superior”, para prohibir el proveer fondos a universidades y colegios que violen las leyes de inmigración. La iniciativa es conocida también como “Ley de No Financiamiento para Campus Santuario” busca además, el establecer sanciones financieras para cualquier "institución de educación superior que viole las leyes de inmigración".
Con ello se pretende poner fin al creciente numero de universidades han adoptado medidas o se han proclamado “campus santuario” al comprometerse con la seguridad de sus estudiantes indocumentados, conocidos como “dreamers”, beneficiados por el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).
El movimiento surgió tras la elección de Donald Trump y luego de que el presidente electo prometiera a lo largo de su campaña que eliminaría el DACA, que ha autorizado a unos 750 mil jóvenes indocumentados continuar sus estudios en Estados Unidos, al permitirles permanecer en el país sin riesgo de deportación hasta por dos años con derecho a renovación.
Desde noviembre pasado decenas de instituciones se han comprometido a proteger y apoyar a sus estudiantes, sin importar su estatus migratorio, origen nacional, religión y algunas de ellas se han proclamado abiertamente como “campus santuario” al sostener que no cooperaran con las autoridades migratorias.
El proyecto de ley amenaza a las universidades y colegios que inscriban o albergan un inmigrante indocumentado en violación de la ley federal, o permitan que el indocumentado sea elegible para "cualquier beneficio de educación postsecundaria".
Bajo la iniciativa, el Departamento de Seguridad Nacional deberá informar públicamente cada vez que decida que una institución es una escuela santuario. El proyecto de ley también penalizaría a las instituciones por proporcionar cualquier beneficio público, incluida la colegiatura similar a la que se cobra a los residentes del estado.
