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Nevada es uno de los estados más permisibles en la compra, transporte y uso de armas de fuego de Estados Unidos, ya que el derecho y la legalidad de tener una están asentados en su constitución.
Fue en esta entidad donde Santino William Legan, de 19 años, obtuvo el rifle AK-47 con el que atacó a los visitantes del Festival del Ajo en Gilroy, California el pasado 28 de julio; es también donde decenas de personas de diversas edades y procedencias compran armas de forma legal diariamente.
El estado establece en el primer artículo de su constitución que “Todos los ciudadanos tienen derecho de mantener y portar armas para la seguridad y defensa, para la caza legal, el uso recreativo y para otros fines legales”.
Por lo que nadie necesita de un permiso para comprarlas, ni licencias de uso, o la necesidad de registrarlas ante autoridades correspondientes, como se debe hacer en otros lugares del país.
Su legalidad elimina los límites en las cantidades de armas que una sola persona puede comprar a la vez, permite su transporte en público, así como la posesión de grandes cantidades de municiones.
Las autoridades permiten llevar un arma de asalto o rifles a lugares de votación, bares y otros establecimientos públicos, pero no a escuelas o campus universitarios.
Ante las alarmantes cifras de tiroteos en el país durante los últimos años, en 2016, los residentes de Nevada votaron por la verificación de antecedentes para sus compras de forma privada, incluso para los espectáculos de armas que suelen ser comunes en Estados Unidos.
La votación tuvo resultados positivos, pero el fiscal general del estado inmediatamente suspendió la ley argumentando que “no era exigible”, por lo que actualmente no hay ningún tipo de restricción.
Algunos estudios dicen que las legislaturas más estrictas sobre la posesión de armas suelen relacionarse con menores tasas de violencia armada.
Pew realizó una encuesta en 2017 donde el 83 por ciento de los estadounidenses consideraron que la violencia armada es un gran problema que persiste en Estados Unidos en los últimos años, un 47 por ciento sugirió que habría menos tiroteos si fuera más difícil obtener un arma de forma legal.
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