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Con la intención de tener una fuerza laboral mejor preparada, varias escuelas y entidades de Estados Unidos brindan ayuda financiera o permiten a los indocumentados pagar matrícula como si fueran residentes.
De acuerdo con la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales (NCSL, por sus siglas en inglés), un total de 18 estados de la Unión Americana tienen ahora leyes que permiten a los indocumentados pagar matrícula universitaria como residentes del estado y otros seis les ofrecen ayuda financiera.
California, Colorado, Connecticut, Florida, Illinois, Kansas, Maryland, Minesota, Nebraska, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Oregón, Texas, Utah, Washington, Oklahoma y Rhode Island permiten a estos universitarios pagar matrícula como residentes del estado y no la que pagan los estudiantes internacionales que es mucho más alta.
Además, California, Minesota, Nuevo México, Oregón, Texas y Washington ofrecen asistencia financiera estatal a estos jóvenes. Al contrario, Georgia, Alabama y Carolina del Sur, han aprobado medidas para prohibir que los indocumentados puedan pagar matrícula como residentes, según datos de NCSL.
Alabama y Carolina no permiten a los estudiantes matricularse en ninguna de las universidades públicas del estado y Georgia les niega acceso a las cinco universidades más prestigiosas del estado.
Georgia por ahora no reconoce el estatus de "presencia legal" que otorga el alivio migratorio del presidente Barack Obama, conocido como DACA, a indocumentados que llegaron al país de niños y deben pagar como extranjeros en las que se les permite la inscripción.
NCSL explicó que las posibilidades de los indocumentados a continuar los estudios universitarios depende de la zona geográfica donde residen. Ello debería estar limitado "por los méritos que cada estudiante tiene" no por el lugar o estatus migratorio, indicó.
De acuerdo con dicha institución, la decisión de no ofrecer apoyo a estudiantes indocumentados le cuesta a Georgia cerca de 10 millones de dólares al año y tiene un efecto negativo en la economía y en el nivel de competitividad del estado, según un informe estatal de 2015.
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