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Al ingresar a México desde el extranjero se requiere cumplir con todos los requisitos que solicitan las autoridades de Aduanas, como presentar un pasaporte vigente e ingresar con la cantidad de dinero permitida en el país, a menos que se declare.
Las autoridades mexicanas limitan la cantidad de mercancía y dinero con la que se puede entrar sin pagar impuestos.
Por ejemplo, al salir o al llegar a México en un avión o un barco, la franquicia fiscal es de 500 dólares en mercancía que se pueden ingresar. Al viajar por carretera se admiten hasta 300 dólares en productos, pero durante el operativo Programa Paisano, incrementa a 500 dólares.
Las personas que residen en la región fronteriza con Estados Unidos pueden ingresar hasta con 150 dólares a México en mercancía dentro del equipaje personal, sin pagar impuestos, al viajar por carretera.
En cuanto a dinero los viajeros pueden entrar y salir de México con un máximo de 10 mil dólares o su equivalente en otra divisa. Esta cantidad es válida en efectivo, cheques nacionales o extranjeros, documentos para cobrar y órdenes de pago, o una combinación de cualquiera de estos.
Todos los viajeros deben llenar el formulario en la que especifiquen que llevan una cantidad mayor o menor a los 10 mil dólares estadounidenses.
En caso de responder que se viaja con una cifra superior, la persona tendrá que completar la Declaración de Internación o Extracción de Cantidades en Efectivo de Documentos por Cobrar, según indica el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
La declaración de dinero se puede realizar al llegar a uno de los puertos de entrada y salida del país o a través de internet en el sitio www.portalsat.plataforma.sat.gob.mx para agilizar el proceso.
¿Qué pasa si no declaro el dinero que ingreso a México?
Si entras o sales del país con más de 10 mil dólares y no lo declaras, podrías ser acreedor a una multa equivalente a entre 20 y 40 por ciento de la cantidad del monto permitido.
En caso de que la cantidad de dinero exceda los 30 mil dólares estadounidenses, la sanción podría ser una “pena de tres meses a seis años de prisión y el excedente pasará a ser propiedad del fisco federal” a menos de que se demuestre que el origen de los recursos es lícito, indica la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Las personas que no acrediten una procedencia legítima la pena sería de entre cinco y 15 años de cárcel y entre mil y 5 mil días de multa.
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