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Un panel de tres jueces de la corte de apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, en Nueva York, decidieron este miércoles mantener bloqueada una orden del Gobierno de Donald Trump para denegar los visados a aquellos inmigrantes sin seguro médico o que no puedan costearlo.
La Administración Trump busca implementar su<span ><strong> normativa de "carga pública" </strong></span>anunciada el pasado agosto, que asocia el estatus legal de los inmigrantes a las ayudas públicas que reciben, y que está paralizada a nivel nacional por decisión de un juez federal del distrito de Nueva York.
Bajo esa regla, un inmigrante legal sería definido como "carga pública" si recibe "uno o más beneficios públicos designados", como asistencia alimentaria, vales de ayuda de vivienda o subsidios para medicamentos, durante más de 12 meses en un período de 36 meses.
El director interino de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Ken Cuccinelli, presentó la medida como una manera de evitar "que los extranjeros que puedan convertirse en una carga pública vengan a EE.UU. o se queden aquí y obtengan una 'green card' (permiso de residencia permanente")".
Una coalición de fiscales, incluida la de Nueva York, Letitia James, y diversas organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes, interpusieron demandas contra la medida y en octubre el juez federal de Nueva York, George Daniels, les dio la razón, ordenando la paralización de su entrada en vigor a nivel nacional.
Daniels cuestionó "por qué (el Gobierno) cambia la definición de carga pública, por qué se necesita ahora una nueva definición, o por qué la definición que se establece en su orden y que no tiene ningún apoyo en la historia del derecho migratorio de EE.UU., es razonable".
La Administración Trump pidió en noviembre suspender esa decisión del juez federal que bloqueaba la implementación de la regla de "carga pública" alegando que sufriría daños irreparables, pero los tres jueces de la corte de apelaciones han denegado la petición, por lo que se mantendrá sin aplicar.
La organización pro inmigrante Make The Road New York, una de las denunciantes, aplaudió en un comunicado este miércoles que "la corte haya rechazado los argumentos de la Administración Trump de que no puede esperar a implementar este peligroso y discriminatorio cambio en las políticas de carga pública".
"Nos satisface que el Segundo Circuito mantenga la decisión del juez Daniels, que se basa en la clara intención del Congreso y la consistente historia de la Ley de Inmigración y Nacionalidad", agregó el grupo.
