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El caso de García, a quien Trump llamó en 2015 un "animal que le disparó a una maravillosa, hermosa mujer" -deplorando que México enviara "criminales" y "narcotraficantes" a Estados Unidos- volvió a poner sobre el tapete el tema de la seguridad pública asociada a la inmigración ilegal.
En particular, reavivó el debate sobre las "ciudades santuario" en el país, como San Francisco, que se niegan a cooperar con los funcionarios federales en la identificación de inmigrantes en situación irregular, argumentando que su prioridad es prevenir el crimen, no perseguir a gente sin papeles.
"La decisión de San Francisco de proteger indocumentados criminales llevó a la prevenible y lamentable muerte de Kate Steinle", indicó el fiscal general, Jeff Sessions, conocido por su fuerte discurso anti-inmigrante.
"Es inconcebible que los políticos de todo el país continúen poniendo en peligro las vidas de los estadounidenses con políticas de santuario", dijo por su parte el titular del ICE, Tom Homan, al considerar que la política de santuario de San Francisco "es una amenaza flagrante para la seguridad pública y socava el Estado de derecho".
En una lista de prioridades para la definición de una política migratoria, Trump envió en octubre al Congreso un drástico recorte de fondos federales a las ciudades que limiten la cooperación con el ICE.
La Casa Blanca insistió el viernes en la necesidad de salvar "vidas inocentes".
"Ahora es más importante que nunca que el Congreso asegure nuestras fronteras y proporcione los recursos, entre ellos más funcionarios del ICE, necesarios para deportar a los inmigrantes ilegales criminales y finalmente para detener las políticas de ciudades santuario que causan la pérdida innecesaria de vidas inocentes", dijo la vocera Sarah Huckabee Sanders, en un comunicado.
"Los políticos que no responden a estas necesidades comparten la responsabilidad de crímenes prevenibles cometidos contra estadounidenses inocentes", añadió.
