Desde este lunes, los inmigrantes que opten por la residencia permanente en EE.UU., busquen cambiar su estatus o aspiren a un visado estarán sujetos al escrutinio del Gobierno de Donald Trump para determinar si usa o puede llegar a requerir en el futuro de beneficios públicos para subsistir.
La denominada norma de "carga pública" empieza a aplicarse desde este lunes después de dos fallos del Tribunal Supremo que dieron marcha atrás a sendas decisiones de cortes de los estados de Nueva York, California, Washington, Illinois y Maryland que bloqueaban su entrada en vigor en octubre pasado.
La polémica reglamentación, sin embargo, tiene pendiente varias demandas en contra.
Según Catalina Sol, directora ejecutiva de la Clínica del Pueblo, la "carga pública" es una prueba que se aplica a quienes soliciten residencia permanente, también llamada "green card".
"Es una regla muy antigua, tiene más de 100 años y su objetivo es asegurarse que uno no se va a convertir en una carga para el Estado", detalló.
"Ahora lo que cambia es qué se considera para determinar si uno se va a convertir en una carga", agregó.
Principalmente, la norma aumenta la lista de beneficios públicos que las autoridades tendrán en consideración.
No obstante, la experta aclara que la norma no debe afectar a los solicitantes, ya que para optar a la mayoría de programas de beneficios públicos federales se requiere que la persona lleve cinco años como residente permanente.
"Nosotros entendemos que esta es una regla nueva diseñada realmente para asustar a las personas que sí son elegibles para que se desenrolen de los programas y que no sigan participando en ellos, aunque tienen derecho a ellos", sostuvo.
Sol explicó a Efe que anteriormente se evaluaba si "la persona había recibido principalmente asistencia financiera de parte del Estado".
Esto incluía subvenciones en efectivo y si la persona había permanecido durante cierto tiempo en instituciones de salud por problemas médicos.
Con la nueva norma también se considerará:
- El programa de asistencia nutricional, ciertas ayudas a la vivienda, la de salud, (excepto para menores de 21 años y mujeres embarazadas y hasta 60 días después del parto) y ayudas financieras en efectivo.
- Seguro médico para niños, programas de nutrición para mujeres y niños, de educación, capacitación laboral, ciertas subvenciones a la vivienda, servicios de cuidado de niños, asistencia energética para familias de bajos ingresos, la ayuda de emergencia para catástrofes, el cuidado infantil temporal y ayuda para la adopción.
- Refugiados.
- Solicitantes de asilo.
- Personas amparadas bajo la Ley de Ajuste de Estatus para Cubanos.
- Personas amparados bajo la Ley de Ajuste de Estatus para nicaragüenses y Ayuda para Centroamérica (NACARA).
- Personas amparadas bajo la Ley de Equidad para Refugiados haitianos (HRIFA).
- Solicitantes y poseedores de una visado T (víctimas de trata).
- Solicitantes y poseedores de visado U (víctimas de actos criminales).
- Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés), entre otros.
Fuente: Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
Catalina Sol advirtió de que hay inmigrantes que ya cuentan con la ciudadanía que han expresado su temor a que se les pueda retirar si acceden a beneficios públicos y que hay residentes permanentes que temen que les afecte al solicitar la nacionalidad.
"Ninguna de esas cosas son ciertas", puntualizó Sol, pero lanzó una advertencia a largo plazo: "Uno de cada cuatro niños en este país tiene un papá o mamá inmigrante" que pueden desvincularlos de programas de comida o de atención a la salud.
"Esa es toda una generación que podría quedar desprovista de cosas básicas que se necesitan para su calidad de vida: alimentación, vivienda, salud", afirmó.
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