Los residentes de Washington, Distrito de Columbia, la capital de Estados Unidos, votarán el 8 de noviembre en un referendo para convertir la localidad en estado, el número 51 de Estados Unidos.
Encuestas ñpcles muestran que siete de cada 10 de sus 672 mil residentes respaldan el cambio político de Washington como el remedio más efectivo para dotar por primera vez a los washingtonianos de los mismos derechos políticos que gozan los capitalinos en México, Canadá y más de 100 países.
Obama apoya dicho cambio, pero ni él ni, en su momento, del entonces presidente William Clinton, quien colocó las placas “Taxation Without Representation” (Impuestos sin representantes) en la limusina presidencial, han cumplido el deseo de derechos plenos de la mayoría de los washingtonianos.
En 2001, el presidente George W. Bush eliminó las placas con “Taxation Without Representation” de los autos presidenciales, pero Obama la restableció desde 2013, en lo que se ha convertido en el himno de batalla de los partidarios de la estadidad.
Desde la concepción de la ciudad en 1790, los washingtonianos carecen de voto en el Congreso estadunidense y sólo pueden votar por el presidente de Estados Unidos. Aunque tienen representación con voz, carecen de la fuerza del voto en ambas cámaras.
La Constitución de Estados Unidos otorga en su Artículo 1, Sección 8, cláusula 17, un poder absoluto al Congreso sobre los asuntos del Distrito de Columbia, por ser sede de los poderes federales: la Casa Blanca, el Capitolio y la Suprema Corte de Justicia.
Los residentes del Distrito de Columbia no sólo no pueden decidir el destino de las contribuciones fiscales de sus residentes al gobierno federal, sino tampoco el destino de los ingresos propios, toda vez que corresponde a una decisión del Legislativo federal.
Más de mil millones de dólares anuales en contribuciones son entregados por los capitalinos al Departamento del Tesoro, una cifra mayor a la de 11 estados del país.
Pero su presupuesto debe ser aprobado por el Congreso estadunidense, por lo cual la ciudad es tratada económicamente como si fuera cualquier agencia federal, como la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espadio (NASA) o el Departamento de Veteranos de Guerra.
En abril pasado, la alcaldesa de Washington DC, la demócrata Muriel Bowser, decidió por primera vez en la historia de la ciudad pedir autorización del Congreso federal para decidir el destino de sus ingresos por 13 mil millones de dólares para el año fiscal 2017.
La acción de Bowser fue vista como una “declaración de independencia” del Congreso, toda vez que la alcaldesa decidió empezar a gastar el dinero sin esperar a los legisladores.
Aunque esfuerzos similares por buscar una enmienda constitucional fracasaron en la década de 1980, Bowser y los partidarios de la estadidad decidieron replicar la experiencia de Tennessee, que se convirtió en el estado 16 en 1796.
En julio pasado, el Consejo del Distrito de Columbia aprobó el referendo propuesto por Bowser para iniciar el proceso legal hacia la estadidad.
Si una mayoría de residentes de Washington DC acepta la propuesta en las elecciones del 8 de noviembre próximo, el Consejo hará la petición al Congreso para que celebre un voto sobre la estadidad, el primero en su tipo en más de dos décadas.
La boleta del referendo preguntará a los capitalinos si desean que el Distrito de Columbia se convierta en un estado, si aprueban el establecimiento de una Constitución, de los límites geográficos del estado y si apoyan una forma representativa de gobierno.