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Peligra ciudadanía de EU de mexicanos y extranjeros

Una senadora pretende reformar el programa de Visa EB-5 que otorga la green card a inversionistas por considerarla injusta

09/11/2015 |07:03Diego H. Castillo |
Vive USA
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El programa de Visa EB-5, que otorga la nacionalidad estadounidense a inversionistas extranjeros, fue catalogado como injusto y susceptible de fraude por la senadora californiana Dianne Feinstein, razón por la que pretende impulsar una enmienda que ponga límites a ello. ¿Con ello peligra ciudadanía de extranjeros?

Dicho programa de visado permite a emprendedores extranjeros hacer una inversión en un negocio de los Estados Unidos para obtener su Green Card y convertirse en un residente permanente legal. Los titulares de dicha Visa pueden vivir y trabajar permanentemente en los Estados Unidos con sus cónyuges y sus hijos solteros menores de 21 años.

La cantidad de inversión requerida depende de dónde está localizado el negocio que recibe la inversión, así como del tipo de negocio. El capital invertido debe de ser de 1 millón de dólares, aunque las inversiones en zonas económicamente deprimidas pueden ser de 500,000 dólares. Deben crear 10 puestos de trabajo por un mínimo de 2 años.

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De acuerdo con el sitio, el número de visados ​​expedidas de 2011 a 2014 aumentó en alrededor de 6,000. En el último año, los desarrolladores estadounidenses han recaudado más de mil millones de dólares, principalmente de inversionistas chinos, para erigir proyectos impresionantes.

La senadora Feinstein, a decir del portal, dice que el programa da una ventaja injusta la ciudadanía a los extranjeros con mucho dinero, mientras que un estimado de 4,4 millones de personas son "incapaces de comprar su camino en el país”.

"En pocas palabras, EB-5 envía un terrible mensaje a los millones de inmigrantes esperando pacientemente su turno para entrar a los Estados Unidos legalmente para reunirse con sus familias o para el empleo legítimo", argumenta Dianne Feinstein.

Asimismo, la senadora, según el mencionado sitio, también cuestiona la legitimidad de los inversores e informa que a menos que existan medidas para reducir el fraude, llamará para poner fin al programa. El Congreso tiene hasta diciembre para decidir su destino.

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