La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda a los gobiernos aumentar los impuestos a las bebidas azucaradas y dar subsidios a frutas y verduras para combatir la obesidad y diabetes a nivel mundial.
“Si los gobiernos gravan los refrescos pueden evitar el sufrimiento de muchas personas y salvar vidas. Además, se reduciría el gasto sanitario y aumentarían los ingresos fiscales para invertirlos en servicios de salud”, señala.
Pero, ¿los impuestos al refresco realmente frenan su consumo? Bryan Bollinger y Steven Sexton de la Escuela de Negocios de Harvard señalan que eso sólo sucede si los minoristas transfieren el costo adicional a sus clientes, algo que no siempre ocurre.
En Berkeley, California, se aprobó un impuesto sobre los refrescos a los distribuidores en 2015. Sin embargo, menos de la mitad de los supermercados cambiaron el precio.
El gasto adicional se transfirió a los compradores (generales) de los supermercados, al aumentar el costo de otros productos. Por supuesto, el consumo no disminuyó.
Los expertos dicen que el error radica en pensar que los impuestos estatales al refresco funcionan igual que los gravados al tabaco y alcohol. No toman en cuenta que el refresco puede comprarse en otras ciudades.
“Descubrimos que a los minoristas de cadena les gusta cobrar los mismos precios en todas sus tiendas, por lo que no pueden cambiar los precios en respuesta a un impuesto que solo afecta a algunos de ellos”, dicen.
Bryan Bollinger y Steven Sexton consideran que los precios pueden hacer la diferencia sólo si se aumenta el precio en áreas grandes.
Los estudios de la OMS indican que el cosumo sí se reduce un 20% cuando el impuesto es fijo y no se aplica sólo sobre las ventas o en pequeños municipios.